Archivo - Alumnos en el centro de formación de Renfe en la estación de tren de Chamartín, a 15 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Real Decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social de los profesionales del sector ha entrado en vigor este miércoles, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que incluye medidas como dejar en manos de los maquinistas la decisión de parar el tren o no reiniciar su marcha ante situaciones de "riesgo grave e inminente".
El decreto entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, lo que ha sucedido este miércoles, con la excepción de lo previsto en el artículo 1, que versa sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias y establece el tiempo de conducción.
Este aspecto, según recoge el documento, entrará en vigor a los seis meses desde hoy, con el fin de que las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras puedan adaptar el diseño de sus gráficos de conducción y otros condicionantes de la organización del trabajo de los maquinistas a las nuevas condiciones establecidas.
La norma, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, llega tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha provocado al menos 69 muertes, y persigue responder las reivindicaciones de los sindicatos --con los que se ha reunido el vicepresidente primero y ministro Carlos Cuerpo en los últimos días-- a través de cuatro objetivos.
Se trata de precisar el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, reforzar las facultades de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), introducir principios de la cultura justa en la seguridad de la operación ferroviaria y ampliar la protección social en materia de coeficientes reductores al personal ferroviario que desempeña las mismas funciones.
SITUACIONES DE "RIESGO GRAVE E INMINENTE"
Uno de los aspectos destacados del decreto es la incorporación de los principios de la cultura justa a la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, mediante la creación de un capítulo que regula la comunicación de riesgos para la seguridad operacional ferroviaria y la protección del personal.
Este permite que el personal con funciones de seguridad operacional pueda comunicar los riesgos para la seguridad ferroviaria a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad de las personas informantes y establece que no se producirán sanciones cuando la información se comunique previamente, se cese la conducta infractora y exista plena colaboración con la investigación.
"Cuando, a la vista de las circunstancias conocidas en ese momento, se considere que existe un riesgo grave e inminente para la seguridad de los viajeros, de terceros o del propio personal ferroviario", el personal podrá adoptar, en el ámbito de sus funciones, "las medidas necesarias y proporcionadas para evitarlo o limitarlo, incluida, cuando proceda, la interrupción de la marcha o la abstención de iniciarla", establece el decreto en el BOE.
Este añade que la medida se adoptará de conformidad con las reglas de circulación aplicables y "se comunicará sin demora a los agentes que corresponda", si bien dicha comunicación "no será requisito previo cuando la urgencia exija actuar de inmediato".
Además, advierte de que los trabajadores que informen sobre posibles riesgos o adopten medidas sobre la actividad ferroviaria en aplicación de lo antes mencionado "no podrán ser objeto, por parte del empleador, de sanción o trato desfavorable, que pueda suponer situarles en desventaja laboral o profesional por el hecho de haber ejercido su derecho y deber de comunicación o haber tomado decisiones para salvaguardar la seguridad en la operación".
Por el contrario, estas medidas de protección no se aplicarán en los casos de una "acción u omisión dolosa generadora del riesgo o de la infracción", o una "acción u omisión constitutiva de negligencia grave, apreciada atendiendo a la evidencia del riesgo, las funciones, la capacitación y los medios disponibles, que haya causado daños previsibles o comprometido gravemente" la seguridad operacional ferroviaria.
