MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros autorizó hoy a las compañías eléctricas la cesión a terceros del derecho de cobro de los 3.810,5 millones de euros reconocidos como déficit de tarifa en 2005, lo que permitirá la titulización (conversión de dichos derechos en títulos o bonos) de esta deuda con garantía del Estado.
El tipo de interés queda fijado en el Euríbor a tres meses (el mismo que se aplica a los déficits reconocidos de los años 2000 y 2002). El importe al final de cada año se calculará mediante la actualización del importe máximo correspondiente a 31 de diciembre del año precedente.
Para hacer frente a este déficit, El Ejecutivo dio 'luz verde' a una nueva subida de un 1,38% de la tarifa media de la electricidad, que tiene como finalidad el pago durante un período de 14,5 años, es decir, desde mañana hasta el 2020, del déficit de tarifa de 2005 que ha sido reconocido por la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
Esta revisión tarifaria no se aplicará al recibo social destinado a los consumidores con menos recursos, según anunció la vicepresidente primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros.
En concreto, las tarifas de la luz subirán en un 0,8% para los consumidores domésticos, comerciales y las pymes, lo que se traducirá en que el pago adicional para una familia media se situará entre los 9 céntimos y 25 céntimos de euros al mes.
Por su parte, el recibo eléctrico para las grandes industrias se elevará un 6%. Según Fernández de la Vega, "el nivel de ingresos de la tarifa industrial era suficiente para cubrir los costes de suministro de este tipo de clientes, lo que ha motivado su mayor ajuste".
La vicepresidenta del Gobierno destacó que, a pesar de esta subida, España se seguirá encontrando entre los países de Europa que cuentan con una de las más bajas tarifa para grandes industriales.
Pese a la subida, no se modifican los precios de los alquileres de equipos, los derechos de acometida, enganche y verificación, los precios máximos a cobrar por el operador del sistema como contraprestación a las actuaciones y verificaciones que debe realizar, y las tarifas por venta de energía de las instalaciones de producción en régimen especial.
La revisión acordada, que se comenzará entrará mañana en vigor, ya estaba prevista en el Real Decreto de tarifas para 2006 aprobado en diciembre de 2005. De esta manera, este subida se suma al incremento del 4,48% aplicado desde el pasado 1 de enero.
NUEVOS CONTADORES PARA AHORRO ENERGETICO.
El Real Decreto aprobado incluye otras disposiciones como la obligatoriedad de la instalación de contadores con discriminación horaria y la supresión de tarifas específicas.
En cuanto a los nuevos contadores, se contempla que a partir del 1 de julio de 2007 los equipos de medida a instalar para nuevos suministros de energía eléctrica hasta una potencia contratada de 15 kilovatios (kW) -doméstico y pequeña industria- y aquellos que se sustituyan en el caso de antiguos suministros, deberán permitir la discriminación horaria de las medidas, así como la telegestión.
Estos contadores tienen por finalidad que sean los propios usuarios los que decidan sus consumos en las distintas franjas horarias del día, lo que "permitirá aplicar una política más afinada de gestión de la demanda y, en definitiva, suavizar los picos y los valles de las gráficas de la demanda eléctrica".
El Ejecutivo considera que esta medida, cuya aplicación se dilatará en el tiempo por las dificultades de renovar todo el parque de contadores, razón por la que no se determina un plazo concreto, "promoverá de forma efectiva el ahorro energético y la eficacia en el consumo".
Paralelamente, se faculta al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a establecer un plan de implantación de contadores horarios que permita la sustitución progresiva del parque actualmente instalado, acompasándolo en el tiempo para evitar incrementos de costes económicos.
Otro aspecto a destacar es que la nueva norma fija un calendario de eliminación de las tarifas específicas del alumbrado público, riegos y tracción, cuyos usuarios podrán acogerse a las tarifas generales del sistema, lo que supone incorporar a la normativa española las recomendaciones de la Unión Europea sobre esta materia.
