Amnistía acusa a Turquía de violar "continuamente" los derechos de los solicitantes de asilo

LONDRES, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional (AI) acusó hoy a las autoridades de Turquía de violar "continuamente" los derechos de los solicitantes de asilo, en especial los procedentes de países no europeos, y aseguró que estas violaciones se producen tanto durante la tramitación de sus solicitudes "como después de habérseles reconocido la condición de refugiados".

"Todos los días, las personas que llegan a las fronteras de Turquía en búsqueda de asilo arriesgan la vida, ya que las autoridades turcas no les prestan protección internacional", afirmó Amnistía Internacional con motivo de la publicación de un informe en el que se da cuenta de los obstáculos a que se enfrentan las personas huidas de su país desde el momento en que entran en territorio turco.

"Los riesgos que están dispuestas a correr las personas que intentan llegar a Turquía son una muestra de su desesperación", manifestó el experto de Amnistía Internacional en Turquía, Andrew Gardner. "No obstante, el país aplica un doble rasero y se niega a reconocerlas como refugiados", agregó.

Turquía es el único Estado signatario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que no reconoce, en la práctica, el derecho de asilo a los ciudadanos de países no pertenecientes al Consejo de Europa. Debido a ello, las autoridades niegan protección internacional a un número creciente de personas, denunció AI.

Según datos oficiales, mientras que en 2006 la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Turquía recibió 4.550 nuevas solicitudes de asilo de países no europeos, la cifra ascendió a 12.980 en 2008. La mayoría de estas personas procedían de Irán, Irak, Afganistán y Somalia. Mientras tanto, según Amnistía, es posible que en Turquía hubiera millares de personas más en situación irregular, aunque no se dispone de cifras fiables.

En Turquía, se lee en el informe, los solicitantes de asilo sufren graves restricciones de acceso a la salud, a una vivienda adecuada y al trabajo, "lo que constituye una violación de las obligaciones contraídas por el país en virtud del Derecho Internacional".

"Las autoridades turcas violan continuamente los derechos de los solicitantes de asilo desde el momento en que intentan entrar en el país", señaló Andrew Gardner. "Las violaciones continúan durante la tramitación de sus solicitudes y después de habérseles reconocido la condición de refugiados", agregó.

CASOS CONCRETOS

Aparte, el informe expone una serie de casos que "demuestran la falta de respeto del Derecho Internacional por parte del Gobierno, que insiste en devolver a personas a países donde están expuestas a sufrir graves abusos contra los Derechos Humanos", denunció AI.

Por ejemplo, en abril de 2008, Amnistía Internacional fue informada del caso una familia iraquí que había huido de Bagdad y estaba detenida en el sur de Turquía. Sin embargo, la Policía se negaba a admitir que la familia se hallaba bajo custodia y le negó la oportunidad de solicitar asilo, a pesar de haber pedido el ACNUR que se le permitiera hacerlo. Aunque se temía por su vida en su país, la familia fue devuelta a Irak.

El informe indica también que es frecuente recluir a los solicitantes de asilo durante largos periodos en duras condiciones, sin alimentos suficientes ni una justificación clara de su detención. Pueden ser expulsados sin el debido procedimiento jurídico y devueltos a países donde están expuestos a perder la vida.

Una persona de nacionalidad afgana explicó a Amnistía Internacional el trato que había recibido bajo custodia policial en el oeste de Turquía: "Si nos les dábamos dinero, nos golpeaban. Utilizaban nuestro dinero para enviarnos de regreso a Afganistán".

Otro ejemplo es el de un grupo de 18 personas que el 18 de abril de 2008 se vieron obligadas a cruzar a nado el río Tigris, que separa Turquía de Irak, tras negarse las autoridades iraquíes a admitirlas de nuevo en su territorio. Cuatro de ellas se ahogaron.

Otro caso se produjo en septiembre de 2008, cuando los funcionarios de seguridad turcos obligaron a 24 refugiados uzbekos, 15 de ellos niños y niñas a entrar en territorio iraní. Al parecer, durante la expulsión golpearon a algunos de ellos y amenazaron con violar a las mujeres y las niñas. En Irán, un grupo cuyo nombre se ignora tomó a los uzbecos como rehenes y amenazó con matarlos.

Quedaron en libertad a cambio de 5.000 dólares de rescate y fueron devueltos a Turquía de manera irregular. En octubre, volvieron a ser expulsados a Irán. Según información proporcionada por activistas de los Derechos Humanos, vivían en lo alto de las montañas cerca de la frontera, pues las autoridades iraníes se habían negado a admitirlos y los niñas y niñas sufrían los efectos del hambre.