MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
Rafael Puertas, cofundador de Intervida y acusado, junto al resto de la cúpula directiva en 2007, de malversar los fondos de la organización, ha afirmado tras conocer el auto de la Audiencia Nacional que archiva la causa que el caso, investigado durante cinco años, ha supuesto su "ruina personal".
El auto, que firma ahora el juez Pablo Rafael Ruz, ordena el archivo de las actuaciones porque concluye que "no concurren elementos indiciarios suficientes" de que se hayan cometido los delitos de estafa, apropiación indebida y societarios que se les imputaban, pero remite al Juzgado de Barcelona la decisión de levantar la intervención de la entidad, regida por tres administraciones judiciales desde hace cinco años.
En declaraciones a Europa Press, Puertas, "aún pendiente" de hablar con su abogada, ha apuntado que "lo lógico sería" que si la Audiencia Nacional no ha encontrado indicios de delito "se levante la intervención y que todo vuelva a funcionar como funcionaba antes y como debió funcionar siempre" y que a quienes, como él, fueron despedidos y acusados de corrupción, se les "devuelva el puesto y se restituya su honor".
Según ha explicado, la resolución judicial es "una alegría que se necesitaba en su casa". "Ahora vamos a buscar a los niños, quiero darles la noticia personalmente. Entró la policía en casa y con ellos dentro. No entendían nada, veían a su padre sin trabajo y no entendían por qué", ha lamentado Puertas.
El cofundador de Intervida, que siempre defendió su inocencia, asegura tener "muchas ganas de volver" a la organización para conocer "datos ciertos" sobre cuál ha sido su destino en estos últimos cinco años, ya que, según indica, las noticias que le han llegado de compañeros de la entidad apuntaban a "muchos proyectos cerrados y miles de puestos de trabajo destruidos".
"Creo que todos hemos salido perdiendo con este asunto, sobre todo la gente, los proyectos que se han cerrado, los miles de puestos de trabajo que se han perdido y, desde un punto de vista moral, creo que incluso los que se hayan podido beneficiar con esto al final han salido también perdiendo", ha añadido.
Fundación Intervida era en 2007 la tercera entidad sin ánimo de lucro más grande de España, por detrás de Cruz Roja y Cáritas, contaba con 346.561 socios, más de 4.000 trabajadores y manejaba un presupuesto anual en torno a 90 millones de euros, con el apadrinamiento de niños como principal fuente de ingresos.
Además, contaba con cinco delegaciones en terceros países y cinco en países desarrollados y realizaba actividades de cooperación en seis estados de América del Sur y Asia, según los datos que facilitaron entonces los administradores judiciales.
Los abogados de la defensa presentaron un escrito el año pasado solicitando a la Audiencia Nacional que sobreseyera el caso por entender que no había indicio de delito y que los extremos planteados en la querella ya habían sido aclarados durante los cuatro años que entonces cumplía la instrucción.
Uno de los letrados, Josep Riba, ha recordado en declaraciones a Europa Press lo que ya entonces plantearon al magistrado a cargo del caso, Baltasar Garzón: que la Fiscalía catalana estuvo "cuatro años investigando" a Intervida y no presentó una querella hasta "el día después" de que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, se negase a conceder más prórrogas a aquella investigación "por no ver indicios de delito".
"Entiendo que con esta resolución, se demuestra que la querella presentada en su día no tenía demasiado fundamento", ha explicado el letrado, para quien "la intervención de la Fundación Intervida fue una decisión totalmente desmesurada e injusta" que ha ocasionado "muchos perjuicios" tanto a la entidad como a los proyectos que tenía en marcha.
