Los 120 países participantes piden movilizar el dinero ya comprometido y acuerdan crear una nueva Alianza contra el hambre
MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Reunión de Alto Nivel sobre seguridad alimentaria celebrada entre ayer y hoy en Madrid se ha saldado con un único anuncio por parte de España de destinar 1.000 millones de euros en los próximos cinco años para luchar contra el hambre.
Ningún otro país, de los 120 que participaron en este encuentro, comprometió alguna partida para la lucha contra el hambre, a pesar de que en estos dos días tanto el Ejecutivo español como los máximos representantes de las agencias de la ONU hicieron claros llamamientos sobre la necesidad de aumentar estos recursos.
Los organizadores del encuentro (el Gobierno español y Naciones Unidas) explicaron días antes de la reunión que el objetivo principal de la cita consistía en llamar la atención de nuevo sobre la crisis alimentaria y diseñar, junto a organismos internacionales y la sociedad civil, una nueva 'hoja de ruta' para luchar contra el aumento de los hambrientos en el mundo.
De este encuentro ha salido finalmente la llamada 'Declaración de Madrid', en la que los participantes se manifiestan "hondamente preocupados" por la "inaceptable" situación de inseguridad alimentaria global que "afecta a más de 960 millones de personas".
También instan a "redoblar los esfuerzos más aún para alcanzar los compromisos internacionales de incrementar sustancialmente los recursos financieros y la Ayuda Oficial al Desarrollo, en particular en relación a la nutrición, alimentación, agricultura y programas relacionados con la lucha contra el hambre".
En este sentido, piden que se movilice "de forma flexible y predecible los recursos adecuados ya comprometidos" en la lucha contra el hambre.
Tampoco aparece en la declaración un compromiso claro de considerar el derecho a la alimentación como un derecho básico, sino que animan a que así se haga.
A petición de las ONG que se ocupan de la desnutrición infantil se ha añadido un punto en la declaración en el que se recuerda que los Estados tienen la responsabilidad primaria de hacer los máximos esfuerzos para "asegurar" el derecho a "disponer de alimentos adecuados de forma regular y adecuada, especialmente de los menores de cinco años, las mujeres y otros grupos vulnerables".
ELIMINACIÓN DE LOS SUBSIDIOS
En la declaración sí figura hay un llamamiento a "eliminar todas las formas de subsidios que distorsionan la competencia" y desarrollar "sistemas de protección social" con el fin de desarrollar un "comercio agrícola justo".
También instan a que, junto con la movilización de los recursos ya comprometidos, se identifiquen las "necesidades de financiación adicional que sean necesarias" para responder a crisis alimentarias severas y apoyar a los pequeños productores.
Eso sí, advierten de que estas acciones sólo serán eficaces si están "lideradas por los gobiernos de los países afectados, sus parlamentos, gobiernos locales y ciudadanía".
Por otro lado, enfatizaron la "importancia de incorporar a la sociedad civil y al sector privado" en las acciones para hacer frente a la crisis alimentaria y acordaron iniciar el proceso de creación de una Alianza Global por la Agricultura, Seguridad Alimentaria y Nutrición con el objetivo de mejorar la coordinación entre todos los actores implicados en la lucha contra el hambre.
Así, coincidieron en que sea el grupo de alto nivel de la ONU creado en abril pasado para abordar la crisis alimentaria el que convoque un proceso de consultas abierto a organizaciones de agricultores, sociedad civil, sector privado, organizaciones internacionales y regionales y gobiernos de países en desarrollo para que preparen la creación de la Alianza.
