El 80% de familias de alumnos con discapacidad detectan déficits estructurales en colegios como falta de sensibilidad

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El 80% de las familias de alumnos con discapacidad detectan déficits estructurales en los colegios como problemas de comunicación con el centro al inicio de curso (79,8%); falta de formación o sensibilidad del profesorado (80%); falta de adaptación de materiales o metodología (83,7%); o dificultades en la asignación de apoyos (82,5%).

Así lo refleja el Estudio Nacional de Satisfacción con el Sistema Educativo Español, presentado este lunes por el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) en el Congreso de los Diputados y en el que han participado más de 2.000 familias de todas las comunidades autónomas.

El estudio, elaborado en colaboración con la Universidad de Córdoba, a través de la profesora Mila Bascón, y con la participación de la psicóloga Vanesa Pérez Padilla, tiene como objetivo evaluar la calidad de la atención educativa, los recursos disponibles y la respuesta del sistema educativo ante el alumnado con discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo.

El acto ha sido inaugurado por el presidente del CEDDD, Albert Campabadal, quien ha subrayado que, aunque el estudio recoge la experiencia de las familias, no hay que "perder de vista que el objetivo último es garantizar el bienestar y los derechos de los menores con discapacidad".

En este sentido, ha destacado que los datos presentados "no son solo indicadores de funcionamiento del sistema, sino reflejo directo de cómo se están protegiendo -o no- derechos fundamentales en el ámbito educativo".

El estudio revela una cobertura "insuficiente" de recursos clave, ya que un 27,36% del alumnado no dispone de apoyo de Pedagogía Terapéutica; el 39,75% carece de profesorado de Audición y Lenguaje; el 44,31% no cuenta con orientador escolar; y el 48,64% no dispone de monitor o auxiliar.

Las familias también alertan de carencias relevantes en el día a día educativo: el 79,21% denuncia falta de adaptación de materiales; 74,98% señala carencias en tecnología adaptada; y el 71,72% tiene dificultades para acceder a recursos específicos.

En el ámbito de servicios complementarios, el comedor escolar presenta importantes limitaciones: el 64,87% considera insuficiente o inexistente el apoyo, y el 62,63% cree que no se fomenta la inclusión en este espacio.

Asimismo, más del 60% de las familias identifica problemas de accesibilidad en espacios comunes, patios o señalización de los centros.

El informe incorpora también un análisis del impacto del sistema educativo en el bienestar emocional de las familias, señalando factores como la sobrecarga administrativa, la incertidumbre o la falta de participación.

Los datos apuntan a fenómenos como el estrés parental crónico, la sensación de soledad institucional y la percepción de falta de escucha: más del 70% de las familias considera que sus aportaciones no son tenidas en cuenta.

El estudio recoge también unas principales líneas de actuación para mejorar la atención del alumnado con discapacidad, como reforzar los recursos especializados, mediante el establecimiento de ratios mínimas garantizadas a nivel estatal de profesionales (PT, AL, orientadores y personal técnico de apoyo), vinculadas al número real de alumnado con necesidades específicas; una financiación finalista y evaluable, con partidas específicas destinadas a la atención a la discapacidad y condicionadas a indicadores verificables de cumplimiento. ? Garantía de continuidad en los apoyos, evitando la rotación constante de profesionales que interrumpe los procesos educativos; o un marco estatal común de derechos mínimos, que asegure una aplicación homogénea de la normativa en todas las comunidades autónomas.

También apuesta por el refuerzo de la libertad de elección educativa, garantizando que las familias puedan optar entre las distintas modalidades de escolarización sobre la base de una evaluación individualizada; el impulso de la participación efectiva de las familias, mediante canales de mediación, reclamación y acompañamiento; la mejora de la transparencia, con sistemas de evaluación periódica e indicadores públicos de cumplimiento; y el fortalecimiento del papel del tercer sector, promoviendo la participación de entidades sociales en los órganos de decisión.