La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, - A. Pérez Meca - Europa Press
MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha señalado que la evaluación del incentivo al empleo del Ingreso Mínimo Vital "es temprana porque solo se dispone de datos del primer año de aplicación (2023)".
Así lo han manifestado fuentes de este Departamento tras conocerse los resultados de la cuarta opinión sobre el IMV de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que revela que esta prestación disminuye la probabilidad de trabajar en un 12% y este efecto desincentivo alcanza cifras superiores al 20% en aquellos con nóminas altas, hogares monoparentales y menores de 30 años.
El Ministerio considera que sería conveniente esperar a contar con más datos, a que el mecanismo esté más consolidado y sea más conocido por los beneficiarios "para hacer una evaluación más confiable", y ha asegurado que la percepción del IMV permite a los beneficiarios mejorar sus condiciones de vida en otros ámbitos (como vivienda o educación) y les permite mejorar sus perspectivas de empleo futuro.
Aunque el informe no analiza variables sobre la calidad y condiciones del trabajo, desde el Ministerio afirman que es posible estimar que el cobro del IMV permite esperar hasta encontrar un empleo de más calidad o adaptado a la formación de cada persona.
Entre otras cosas, detalla que facilita la conciliación familiar y una mayor atención a los menores, teniendo en cuenta que la mayoría de las preceptoras son mujeres con menores a cargo.
El Departamento que dirige Elma Saiz no comparte armonizar el diseño del incentivo al empleo con el del Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) porque se ha puesto en marcha recientemente, aún no ha sido evaluado y el subsidio de desempleo está dirigido a personas que han trabajado anteriormente, con un perfil distinto al del IMV.
En este punto, recalca que "no es viable" una activación automática del IMV/CAPI, porque el IMV es una prestación cuya cantidad se configura en base a los miembros de la unidad de convivencia y no hay bases de datos que contengan información precisa: "Incluso, con información del padrón, en un elevado número de casos la composición del hogar sería incorrecta".
El Ministerio destaca que esta propuesta de AIReF implicaría cambios en la estructura de datos administrativos del conjunto del Estado, e incluso cambios legislativos (por ejemplo, respecto a la protección de datos para acceder a información del ciudadano, que no tiene relación con la Seguridad Social).
Por ello, indica que está profundizando en los procesos de automatización y simplificación de la solicitud y resolución de los expedientes, que es la línea de actuación seguida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DEL COMPLEMENTO DE AYUDA A LA INFANCIA
Sobre el reconocimiento automático del Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), recuerda que las prestaciones gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social "son rogadas, por lo que siempre ha de ser la persona interesada quien las solicita".
"La información proporcionada por el Registro Civil no es suficiente para realizar un alto de oficio del CAPI, ya que se necesita información adicional sobre los demás miembros de la unidad de convivencia (condiciones de alquiler)", aseveran desde el Ministerio, que manifiesta su total disposición para ir avanzando en la línea propuesta de automatizar procesos, con los cambios normativos necesarios.
De esta forma, reconoce que sí se podría utilizar la información de nacimientos del registro civil para llevar a cabo una mayor automatización en la concesión del CAPI a unidades de convivencias y beneficiarios de la prestación.
Respecto a los reintegros, dice que Inclusión y Hacienda están trabajando para, en la medida de lo posible y siempre que la AEAT facilite la información tributaria necesaria, adelantar un proceso de actualización de las nóminas del IMV, de esta manera se minimiza la posibilidad de generar cobros indebidos.
Por otra parte, precisa que las bases de cotización no son asimilables al 100% a los rendimientos del trabajo. Presentaría inconvenientes para alumnos que realizan prácticas en programas de formación no remunerados, empleadas de hogar, fijos discontinuos o desempleados.
"Las rentas del capital en ningún caso deben ser excluidas de la definición de renta computable. Los titulares de grandes rentas podrían resultar beneficiarios del IMV", agrega.
El análisis de la AIReF revela que la cifra de 'non take-up' (beneficiarios con derecho a percibir la prestación que no la solicitan) es del 55% en el IMV y 72% en el CAPI.
Al respecto, el Ministerio defiende que esta estimación realizada por la AIReF "se basa en una estimación sobre qué hogares cumplen el requisito de la vulnerabilidad económica, pero no tiene en cuenta otros requisitos no económicos que sí condicionan la prestación".
En este contexto, recuerda que un porcentaje importante de solicitudes incumplen requisitos no económicos (residencia legal, que la unidad de convivencia esté formada al menos, desde hace seis meses, vida independiente...).
El Ministerio también señala que más del 40% de los potenciales beneficiarios de IMV en situación de 'non take-up' disponen de otros ingresos, en la mayoría de los casos procedentes de subsidios por desempleo, lo cual, a su juicio, "puede derivar en una menor motivación para solicitar el IMV o en que consideren que no son elegibles".
Por último, indica que comparte con la AIReF el objetivo de seguir avanzando hacia un mayor automatismo que minimiza los trámites que tienen que hacer los ciudadanos.