El procesado se halla suspendido por el Colegio de Abogados de Valladolid por motivos disciplinarios
VALLADOLID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Valladolid acordó suspender el juicio previsto contra el letrado Juan Carlos A.L, acusado de estafar 243.000 euros a una clienta incapacitada, debido a que la letrada que le había correspondido en turno de oficio no cuenta con los años requeridos de experiencia profesional en este servicio.
La suspensión se produjo a petición de la propia abogada y de conformidad con una norma interna del Colegio de Abogados de Valladolid, según la cual son necesarios cinco años de antigüedad en el turno de oficio--el acceso a dicho servicio requiere además de tres años de ejercicio profesional de la Abogacía--para poder intervenir en procedimientos penales relativos a causas graves, como la presente, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Será necesario ahora asignar un nuevo abogado de oficio al acusado, que se encuentra en la actualidad suspendido por el Colegio de Abogados de Valladolid por motivos disciplinarios y, por tanto, no puede ejercer la profesión.
Con carácter provisional, el Ministerio Fiscal solicita para el letrado suspendido una pena global de once años de cárcel, inhabilitación para el ejercicio de la profesión y multas por importe global de 19.200 euros.
En concepto de indemnizaciones, reclama el pago en favor de la víctima de 50.176 euros, además de la reintegración de la vivienda de la mujer que el acusado vendió a un tercero por importe de 162.650 euros. Alternativamente, la acusación pública pide que el imputado indemnice a su víctima con la cantidad de 338.257 euros.
La tesis del fiscal es que desde el año 2003 Juan Carlos A.L., en calidad de letrado consiguió ganarse la confianza de la víctima, María Asunción de la F.V., quien por sentencia dictada en 2001 había sido declarada incapaz parcialmente en el orden patrimonial para toda actividad que excediera de la administración del dinero que pudiera llevar en el bolsillo, y "siguiendo una idea trazada" realizó distintas operaciones con el patrimonio de la incapaz con el único propósito de enriquecerse ilícitamente.
Así, siempre según la versión de la acusación pública, el día 8 de octubre de 2003 el abogado acompañó a su clienta al notario, a quien ocultó la situación de incapacidad de la mujer, para que le otorgara un poder general, y a partir de entonces "preconcibió de forma consciente toda una serie de actos", tales como la formalización de tres hipotecas sobre la vivienda de su víctima, la posterior venta de dicho inmueble (21 de febrero de 2006) por importe de 162.650 euros, así como la disposición injustificada de 25.761 euros de las cuentas que la mujer tenía en Caja Duero y el Banco Urquijo.
También le imputan haber instado procedimiento civil para la reintegración de la capacidad de la víctima--terminó en sentencia desestimatoria--y por el que cobró honorarios por valor de 9.256 euros, así como haber suscrito un contrato de préstamo personal a nombre de la incapaz, a un tipo de interés elevadísimo, que ante su impago generó un saldo deudor de más de 15.159 euros.
"En todas estas operaciones el acusado actuó en beneficio propio generando un perjuicio total para la incapaz de 243.861 euros, cantidad de la cual el procesado ha dispuesto para sí al margen de la víctima, que era totalmente ajena a los hechos, y sin informar de su situación de incapacidad a todas las personas o entidades con las que efectuaba los contratos, haciendo creer que era ella la que decidía por sí misma efectuar tales negocios", concluye el fiscal.
