MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en el Congreso han dado su apoyo a la iniciativa legislativa popular (ILP) del CERMI, la primera de la Legislatura, para modificar la Ley para la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia con el objetivo de que el copago se base en criterios más equitativos e igualitarios.
El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha presentado esta proposición de ley en la comisión, después de lograr más de 740.000 firmas de ciudadanos. El pasado mes de abril, el Pleno acordó la toma en consideración de esta iniciativa que decayó con la disolución de las cortes. Este jueves ha logrado el apoyo de todos los grupos parlamentarios la Comisión de Sanidad. Tras pasar este filtro, volverá al Pleno para continuar su trámite parlamentario.
"Transigimos el copago como mal menor, pero este ha sido uno de los elemento más negativos, paralizantes y perturbadores" de la Ley de Dependencia, ha indicado Pérez Bueno al comienzo de su intervención, en la que ha denunciado el aumento "exacerbado y sin regulación" de la participación económica a la que están obligados los dependientes.
En concreto, esta organización, que representa a más de cuatro millones de personas con discapacidad y sus familias, propone que la capacidad económica del beneficiario, el patrimonio, la edad o el momento vital de aparición de la situación de dependencia se tenga en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas.
También pide que queden exentos aquellos beneficiarios cuya capacidad económica personal no supere en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 1.331 euros al mes; que la participación en el coste de los servicios supere el 60%, y que se garantice al menos una cantidad mínima para gastos personales no inferior al del 40% por ciento del IPREM correspondiente, es decir, de su capacidad económica.
"Estamos en contra del copago porque impide el ejercicio real y efectivo del derecho", ha subrayado el presidente del CERMI, que ha advertido de que quienes no pueden hacer frente al "pago" de este derecho, son "expulsados" de los servicios sociales "tan imprescindibles para la calidad de vida".
Durante el turno de portavoces, el diputado de PdeCAT Carles Campuzano, ha manifestado sus dudas sobre la incorporación de la discapacidad en la Ley de Dependencia y ha preguntado a Pérez Bueno si no habría mejor regular la promoción de la vida independiente de las personas con discapacidad en una normativa distinta. "No sólo no se han producido mejoras sustanciales tras la entrada en vigor de la ley, sino que se han dado retrocesos como el 'copago'", ha añadido.
El presidente del CERMI le ha contestado que, a su juicio, la creación de dos sistemas paralelos en 2006 --uno para mayores y otro para el colectivo de la discapacidad-- habría dilatado en el timepo la atención a los segundos. "Nos habrían dicho que esperáramos una década y luego la crisis habría sido la coartada perfecta para no hacer nada. Había un tren en nuestro andén y teníamos que cogerlo", ha apostillado.
El diputado de ERC, Joan Olòriz, ha criticado la gestión de la ley durante estos diez años, que, a su juicio, necesita una revisión. Asimismo, ha lamentado que "las decisiones políticas han marcado que la deuda esta por encima del bienestar", una opinión compartida por la portavoz de Podemos en esta comisión Ana Belén Terrón, que ha criticado que tras el decreto de julio de 2012 los dependientes son quienes soportan la ley con el 'copago'.
EL COPAGO, UN "REPAGO" PARA PODEMOS
Si bien ha manifestado que Podemos apoya esta iniciativa legislativa popular del CERMI, también ha mostrado su "preocupación" por que la propuesta "legitime" y "abra la puerta" al 'copago' de un sistema, que, según ha recordado, tiene que ser "gratuito y universal". "El copago no deja de ser un repago por los servicios públicos", ha afirmado Terrón, para añadir que la ley necesita una revisión y la "restitución" de los "4.000 millones de euros recortados".
Por su parte, la diputada socialista Elvira Ramón ha denunciado la situación "insostenible" del copago "injusto" para los dependientes y ha defendido como una "prioridad" para esta legislatura recuperar "todo lo perdido durante los últimos años del PP", como los "principios inspiradores de la ley": su carácter público, la universalidad, la calidad de la atención y la cooperación administrativa.
LA DEUDA Y EL COLAPSO DEL SISTEMA
En respuesta a las críticas, la diputada 'popular' Carmen Navarro ha recordado a la socialista que la gestión de la Dependencia no es sólo estatal sino también autonómica y le ha reprochado que el sistema se lo encontró "colapsado" el PP cuando llegó al Gobierno, con una deuda de más de mil millones a la Seguridad Social y casi 400.000 personas en lista de espera.
Navarro ha sacado pecho de las reformas del Ejecutivo 'popular' en la anterior Legislatura, con la reducción "en un 50%" de la lista de espera o del número de días para que un dependiente reciba la prestación o servicio (hasta 49 días), que ha comparado con los "más de 200 días" que tarda Andalucía. También ha defendido el aumento de la financiación del sistema y que la aportación del Estado llega al 50 por ciento.
