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MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto este miércoles a disposición de todos los integrantes de la Carrera Judicial una guía de actuación judicial para la instrucción de los delitos contra la libertad sexual y otro documento de buenas prácticas para la atención judicial a las víctimas de violencia de género en el ámbito rural.
Según ha informado, "ambos documentos, cuya finalidad es proporcionar una orientación práctica a los magistrados y magistradas que instruyen este tipo de delitos, serán analizados durante un curso de formación online que esta tarde impartirán las expertas y expertos del Observatorio encargados de su elaboración".
La primera de las guías se refiere a la instrucción de los delitos de violencia sexual, de cuya investigación son competentes las secciones de violencia sobre la mujer desde el 3 de octubre de 2025. Se trata de una herramienta "útil" en la que los jueces pueden apoyarse para ordenar criterios prácticos para la instrucción inicial y para la coordinación entre los distintos operadores.
El eje central de esta primera guía es la atención a las víctimas de violencia sexual y la eliminación de estereotipos de género, prejuicios culturales y prácticas institucionales que "persisten pese a los avances normativos y que revictimizan a quienes buscan la protección de la administración".
LA GRAN MAYORÍA DE LOS CASOS: MUJERES Y NIÑAS
"La guía recuerda que, pese a que también hombres y niños sufren violaciones y son sometidos a violencia sexual, la gran mayoría de los casos se da entre mujeres y niñas", ha apuntado el Observatorio.
Igualmente, ha explicado que la investigación penal relativa a hechos de violencia sexual "afronta retos que tienen que ver tanto con las dificultades para la obtención de pruebas como con la capacidad de las instituciones de atender a las víctimas". En esta modalidad delictiva, ha señalado que interfieren "especialmente" los estereotipos de género y en la que "de forma constante se cuestiona a las víctimas durante todo el proceso".
En este sentido, la guía refleja que "las víctimas deben ser tratadas como sujetos de derecho, no como objetos de sospecha", y deben recibir un trato "respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios".
Una protección de las víctimas, con especial atención a las más vulnerables, que es compatible con las garantías que asisten al investigado y que, en consecuencia, "no elimina la presunción de inocencia, la necesidad de contradicción, la aplicación del principio de proporcionalidad ni la exigencia de motivación de medidas restrictivas".
La segunda guía, relativa a la atención a judicial a las víctimas de violencia de género en el ámbito rural, pretende del mismo modo facilitar a los jueces una herramienta de trabajo teniendo en cuenta que la ruralidad es un factor que con frecuencia condiciona la forma en que "se produce, se denuncia y se protege institucionalmente" la violencia de género.
UN CONTEXTO "CUALITATIVAMENTE DISTINTO DEL URBANO"
"La dispersión territorial, la menor densidad de recursos públicos y privados, la insuficiencia de transporte, la presión del entorno, la mayor dificultad para preservar el anonimato y la dependencia económica asociada en ocasiones a explotaciones familiares o a trabajos no formalizados generan un contexto cualitativamente distinto del urbano", revela la guía.
También pone de manifiesto la "falta de formación y adaptación" de los operadores jurídicos a la realidad del mundo rural y la "falta de medios personales y materiales" en los tribunales de instancia afectados.
"En consecuencia, la respuesta judicial no puede limitarse a trasladar al entorno rural esquemas pensados para núcleos urbanos, sino que debe ser sensible a la desigualdad territorial y debe estar orientada a proporcionar una tutela judicial efectiva en las especiales condiciones que se dan en el ámbito rural", ha concluido el Observatorio.