MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Coordinador General de Cruz Roja Española, Antonio Bruel i Carreras, ha reivindicado ante la Comisión Especial del Senado para el estudio de la problemática de la adopción nacional y temas afines, un mayor control público de los centros de menores y una mejora en las condiciones laborales de los educadores.
Durante su intervención, en la que ha expuesto las credenciales de Cruz Roja Española en la asistencia a niños y jóvenes, ha explicado que más que defender la externalización o no de los recursos de acogida para menores, la cuestión es "un control público de los centros, desde los salarios y el nivel de formación de los educadores hasta el control real de la actividad pedagógica que se haga en los mismos".
"No podemos esperar que alguien que cobre 800 euros al mes pueda ser buen educador si no es muy vocacional", ha señalado Bruel, para incidir en que si bien "puede haber algún caso, no es algo generalizable".
En su opinión, no se puede permitir que "recaigan labores educativas difícilisimas" en estas personas sin "asegurar su especialización desde el ámbito de condiciones laborales o desde el ámbito salarial". Para Cruz Roja, la solución está en el redactado de los pliegos de los concursos públicos de contratación, donde se podrían fijar unos mínimos para "evitar que se precarice una labor tan compleja y difícil como es trabajar con menores en esta situación".
En esta línea, ha destacado al importancia de que se de "cada vez un mayor control de calidad en este tipo de centros" con estándares globales y aplicables a todo el territorio nacional ya que en la actualidad "no está equilibrado" y hay regiones en las que se ha avanzado mucho mientras otras, no tanto. "Hay mucho recorrido", ha añadido.
Otra de las propuestas que ha elevado Bruel al Senado es la necesidad de "ir creando una doctrina sobre cuáles son las formas y los diagnísticos" para que exista "una mayor gestión del conocimiento respecto de los casos con los que se trabaja en cada momento", de forma que los equipos puedan intervenir y diagnosticar de una forma cada vez más adecuada.
Sobre este asunto, ha explicado que la falta de doctrina sobre problemática en los menores, a menudo se acaban aplicando "una intervención similar" a grupos diversos: los menores con conductas conflictivas, aquellos que proceden de la exclusión y los que padecen trastornos psicológicos o psiquiátricos, lo cual, según el experto, "es inadecuado".
Asimismo, ha señalado la falta en España de un sistema de atención a personas con enfermedades mentales. "A nivel infantil y juvenil es mucho más grave porque hay una serie de casos que se podrían atender en la Atención Primaria y que no avanzarían tanto como nos los encontramos", ha indicado Bruel, para quien la existencia de estos recursos "frenaría mucho la asistencialización posterior" de los jóvenes.
"Cualquier redactado que fuerze a que las administraciones hagan labor en ese sentido es importante, no sólo desde el punto de vista de salud de los menores, sino porque el abordaje asistencial en centros tiene mucho más coste y éxitos más complejos y difíciles", ha explicado, en relación al informe sobre el acogimiento de adolescentes y jóvenes menores de edad en el que trabaja esta Comisión del Senado.