El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en su intervención donde ha presentado los Informes correspondientes a la gestión realizada durante los años 2018 y 2019, durante una sesión plenaria en la que además se debate el Decreto Ley 21/2020, o - Pool
MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha emitido cerca de 900 resoluciones tras visitar en 2019 un total de 106 centros de privación de libertad repartidos por 30 provincias de 15 comunidades autónomas y Melilla.
Fernández Marugán ha entregado este martes en el Congreso de los Diputados y en el Senado el Informe Anual 2019 que realiza en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP).
Según ha informado la institución de las 106 visitas, 47 fueron de seguimiento para comprobar si la aceptación de las resoluciones emitidas por el Defensor suponen o no un cambio real de los problemas detectados en anteriores inspecciones. En total, se han formulado 48 recomendaciones, 813 sugerencias y 28 recordatorios de deberes legales.
Por otro lado, el pasado año 82 autoridades o funcionarios públicos de centros de privación de libertad fueron objeto de condenas penales o sanciones administrativas, frente a 12.252 ciudadanos particulares condenados por delito de atentado contra la autoridad y por resistencia o desobediencia.
En relación con los centros para menores infractores, hay registrados 71 y en 2019 se han realizado 10 visitas, todas menos una, a centros que se inspeccionaban por primera vez. En total, estas visitas han derivado en 290 conclusiones que han generado una recomendación, 139 sugerencias y 6 recordatorios de deberes legales.
En este sentido, el Defensor ha recordado que, desde 2017, dos jóvenes han muerto (Melilla y Almería) tras ser sometidos a una sujeción mecánica en uno de estos centros. En 2020, tras recopilar la información necesaria e inspeccionar de nuevo el centro 'Tierras de Oria' de Almería donde se produjo el último fallecimiento, Fernández Marugán ha recomendado abolir las sujeciones mecánicas en todos los centros.
ACABAR CON LAS SUJECIONES MECÁNICAS
Para ello, ha solicitado al Ministerio de Justicia que derogue el apartado del reglamento de responsabilidad penal de los menores en el que se regulan las sujeciones mecánicas para acabar con estas prácticas como medio de contención. A su juicio, es una "crueldad innecesaria"." No puede volver a morir nadie en España en estas circunstancias", ha concluido.
Además, aunque no se han realizado visitas específicas con perspectiva de género a estos centros, "se han percibido determinadas situaciones que demuestran la necesidad de observar detenidamente las condiciones en las que las jóvenes cumplen las medidas privativas de libertad en estos establecimientos".
Por ejemplo, en lo que se refiere a la educación, al Defensor le llama la atención que en algunos centros como 'Los Alcores' (Sevilla) los menores están separados por niveles e incluso cuentan con un aula específica de salud mental y, en cambio, las menores están todas juntas, sin distinción de niveles o de necesidades especiales.
Respecto a las visitas con perspectiva de género, el Defensor ha explicado que, en 2019, se ha continuado con el proyecto iniciado en años anteriores de realizar visitas a centros penitenciarios con perspectiva de género. Los centros de Madrid I (mujeres), Las Palmas y Las Palmas II, fueron inspeccionados atendiendo específicamente a la situación de las mujeres privadas de libertad, formulándose nueve recomendaciones.
En concreto, la institución ha pedido mejoras para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, para asegurar un uso inclusivo del lenguaje en los formularios penitenciarios, para perfeccionar los datos estadísticos de mujeres privadas de libertad o para incrementar la formación del personal penitenciario en cuestiones de género.
CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS
Sobre los centros de internamiento de extranjeros (CIE), ha realizado visitas a los de Algeciras, Barcelona, Tenerife y Valencia. En el informe de 2017, el Defensor formuló una serie de propuestas acerca de estos centros abogando por una reforma integral.
Según los datos facilitados por el Defensor, en 2019, un total de 3.758 personas fueron internadas y repatriadas en los CIE, donde se presentaron 2.164 solicitudes de protección internacional, frente a las 1.776 del año anterior. Sin, disminuyó el número total de admisiones a trámite con respecto al año anterior, en un 39,96%. Además, se identificó como menores extranjeros no acompañados a 54 internos.
En este caso, la institución ha reiterado que el uso de medidas coercitivas en este tipo de dependencias debe mejorar tanto desde el punto de vista de su regulación normativa, como desde el punto de vista de su implementación práctica.
También ha observado un uso relativamente frecuente de la separación preventiva, tanto por circunstancias regimentales (como pieza de contención personal) como por razones médicas o de prevención de suicidios. Además, señala que en algunas inspecciones se ha detectado la utilización indistinta de esas habitaciones para ese doble uso, lo que a juicio de la Institución resulta "inadecuado".
REPATRIACIÓN DE EXTRANJEROS
El Defensor ha detallado que el pasado año se supervisaron 14 operativos de repatriación de ciudadanos extranjeros, todos ellos realizados por vía aérea en operaciones de la Agencia europea FRONTEX. En total, se monitorizó la repatriación de 552 personas extranjeras. Estas inspecciones han dado lugar a 139 conclusiones que han fundamentado una recomendación, 15 sugerencias y un recordatorio de deberes legales.
De este modo, la institución ha confirmado que persisten varias de las cuestiones observadas en años anteriores, como la falta, en muchos casos, de notificación de la materialización de los vuelos con suficiente antelación; que solo cuenten con documento Fit to travel las personas procedentes de CIE; la falta de cumplimentación adecuada de las cadenas de custodia, o que no se permita a las personas procedentes de detención policial recoger sus pertenencias.
