España carece de suficiente vivienda social en alquiler para cubrir las necesidades de los vulnerables, según un estudio

Actualizado 20/09/2019 22:55:55 CET
Viviendas en Aragón.
Viviendas en Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

   MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

   España no cuenta con un parque de vivienda social en alquiler, de titularidad pública, capaz de absorber las demandas surgidas de la crisis y que no satisface las necesidades de la población más vulnerable.

   Así lo pone de manifiesto el informe 'Gestión híbrida de la vivienda social. Estudio comparado España-Holanda', del arquitecto e investigador de la Universidad de Sevilla Francisco Fernández, que ha sido presentado por la Fundación Alternativas.

   El autor ha subrayado que la crisis económica que se inició en 2008 puso de manifiesto el "agotamiento" del modelo predominante de acceso a la vivienda en España, basado en la idea de producir vivienda libre en propiedad con objetivo de "alcanzar la máxima rentabilidad".

   Para el experto, este modelo "no ha permitido", de manera general, satisfacer las necesidades de la población más vulnerable, y ante situaciones de "falta de acceso a crédito", tampoco la de sectores de clase media.

   En concreto, ha asegurado que el parque de vivienda protegida en alquiler se ha convertido en una "alternativa residual y poco promovida", principalmente porque requiere de financiación pública para la promoción -de la que solo se dispone en tiempos de bonanza económica- y porque genera "problemas de gestión y gastos de mantenimiento" a la administración promotora, "en barrios generalmente conflictivos, que dificultan la sostenibilidad de este modelo de acceso".

   Por otro lado, Fernández ha explicado que para realizar la compra de la vivienda, los inquilinos "suelen requerir de acceso al crédito, entrando en juego las entidades financieras y el inquilino pasa a convertirse en propietario de esa vivienda protegida, haciendo frente al pago de su hipoteca".

   "Pero en caso de producirse algún tipo de situación que imposibilite realizar dichos pagos, teniendo en cuenta que se trata de población vulnerable, esas familias perderían su vivienda, dado que su deuda no sería con la administración sino con las entidades financieras", ha asegurado. De esta forma, una solución como la propiedad, que se considera "más estable y que ofrece mayores garantías de permanencia", ocasionaría, en su opinión, "problemas de desalojo a familias".

   En relación al gasto que supone la promoción de vivienda pública para la Administración, el arquitecto ha señalado que un "importante peso" dentro de la inversión pública realizada en materia de vivienda "se dirige al parque privado, dados los beneficios fiscales a la compra" existentes en España, así como las ayudas directas a inquilinos para el alquiler, "generalmente orientadas al mercado privado".

   Por ello, ha defendido que sería "necesario" plantear una redistribución de ese gasto a través de políticas de vivienda que permitan otorgar un mayor peso a la promoción de vivienda pública de alquiler social, que "la aleje del carácter residual que actualmente presenta".

   "Un mayor peso de la vivienda social, a su vez, contribuiría a regular los precios del mercado de alquiler privado, a tenor de lo observado en países de entorno europeo", ha indicado Fernández.

EL CASO DE HOLANDA

   En este sentido, ha destacado que Holanda presenta una estructura residencial "muy diferente" a la de España, ya que cuentan con un parque de alquiler social "notable" desde hace varias décadas.

   En Holanda, según ha explicado el investigador, hay una labor híbrida entre la vivienda social y privada "que garantiza la sostenibilidad del modelo", ya que, en sus palabras, "el beneficio de operaciones comerciales se reinvierte en el parque de vivienda social".

   A su vez, Fernández ha afirmado esa doble vertiente permite que en los barrios gestionados por estas entidades "exista mezcla social", al convivir habitantes del parque de vivienda social en alquiler con otros inquilinos de alquiler privado o propietarios de vivienda, lo que supone "que bajo supervisión pública coexista gestión social y privada".

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