Feministas piden blindar políticas públicas frente a cambios ideológicos y reforzar recursos contra la violencia en 2026

   MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La Federación Mujeres Jóvenes ha reclamado, de cara a este 2026, un refuerzo de los recursos contra las violencias machistas, blindar las políticas públicas frente a los cambios ideológicos y garantizar la aplicación íntegra de la legislación vigente.

   "En 2026, la igualdad tiene que dejar de ser un mero elemento discursivo para convertirse en un pilar esencial de la democracia que exige responsabilidades y consecuencias para quienes incumplan sus compromisos", explican a Europa Press desde la federación.

   En todo caso, la Federación reclama "coherencia" y agrega que sin ella "los discursos desde el poder no son más que hipocresía que conllevan un coste democrático" que terminarán "pagando" las mujeres.

   Así, considera "preocupante el retroceso marcado por la normalización de discursos antifeministas, la radicalización misógina de internet y la reproducción estructural de las dinámicas patriarcales" en los distintos partidos políticos.

   En la misma línea, la Federación lamenta que una "ola misógina" se haya hecho en 2025 con el control del discurso dominante en redes sociales y alerta de la "pérdida de confianza" de las mujeres en los espacios políticos "como posibles herramientas para el cambio de las estructuras patriarcales de poder, puesto que quienes dicen defender la igualdad no son capaces de sostenerla en sus propias organizaciones".

   Por su parte, desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, denuncian que 2025 estuvo marcado por una "acumulación de déficits en la gestión pública", además de fallos en servicios esenciales "sin explicaciones inmediatas y suficientes", así como por "incumplimientos reiterados" de compromisos legislativos y un "control deficiente" del uso de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia machista.

   Asimismo, indica que los fallos registrados en el sistema de pulseras para maltratadores "evidencian graves deficiencias" en el contrato firmado durante la etapa de la exministra de Igualdad, Irene Montero.

   Una vez identificados los problemas derivados del contrato, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres considera que "la reacción del Ministerio no estuvo a la altura de la gravedad de la situación", ya con la socialista Ana Redondo al mando.

   "Era imprescindible una comparecencia inmediata para ofrecer explicaciones, tranquilizar a las víctimas y trasladar pautas claras de actuación mientras se resolvían los problemas técnicos. Resulta igualmente negativa la tardanza en la elaboración de un informe exhaustivo que identifique con precisión dónde se produjeron los fallos y si existe responsabilidad por parte de la empresa adjudicataria. A día de hoy no se ha aclarado si se han activado las salvaguardas previstas en el contrato ni si se aplicarán las sanciones correspondientes", indica.

   También denuncia la "absoluta falta de transparencia" del impacto de la aplicación de la Ley Trans sobre las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia machista. "Desde hace meses, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres viene formulando preguntas al Gobierno sobre datos, evaluaciones y efectos concretos de la norma, encontrando como única respuesta un muro de silencio, dilaciones administrativas y excusas formales", asevera a Europa Press la organización.

RETRASO CON LA LEY DE TRATA

   Por otro lado, la organización destaca que el retraso con la ley contra la trata "resulta especialmente grave en un contexto en el que España sigue siendo uno de los principales países de destino de redes de trata con fines de explotación sexual, y las víctimas no cuentan con todos los mecanismos de protección, atención y reparación que un marco legal integral debería garantizar".

   Precisamente, según aseguró Redondo en un encuentro con medios en diciembre, los problemas derivados de los contextos internacionales y de las "complejidades internacionales" son "los más complicados" y los que están llevando "más tiempo" para desarrollar este texto.

   "Es un texto complejo porque hace referencia a la trata no solo por motivos de explotación sexual sino a todo tipo de trata y por lo tanto hay que perfilar y se plantea un texto muy completo, muy transversal y complejo", argumentó.

OTROS RETOS PENDIENTES

   Otro debate que previsiblemente marcará la agenda en materia de igualdad este 2026 es el relativo a la abolición de la prostitución. En este punto, el recorrido político se prevé especialmente complejo: una ley abolicionista no figura actualmente ni en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ni en el acuerdo de Gobierno con Sumar, lo que dificulta su tramitación en un escenario parlamentario fragmentado.

   También está pendiente la tramitación y desarrollo de una ley específica sobre violencia económica que ayude a las mujeres a encontrar un "empleo digno" y una solución habitacional. "No es fácil porque ahí nos encontraremos también con dificultades en relación con otros ministerios. Todo lo que es igualdad es muy transversal y esa es una dificultad añadida", afirmó Redondo en el encuentro de diciembre, para añadir que es la última de las leyes que tiene en cartera y que "va a costar".