Gabilondo pide "amplios consensos" a Estado, CCAA y Ayuntamientos para resolver el problema de la vivienda

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha hecho un llamamiento al Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para resolver el problema de la vivienda en España y ha propuesto limitar el alquiler turístico, ampliar el parque público de vivienda y mejorar los programas de ayuda al pago del alquiler, entre otras medidas.

"Quiero que resuene aquí el interés que ha de primar, es el interés general, que ha de ser común y compartido lo que requiere, perdón por esta expresión que voy a decir, amplios consensos y acuerdos entre las administraciones: la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas y las administraciones municipales", ha subrayado el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, este lunes, durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, en el Congreso.

Gabilondo ha señalado que el problema de la vivienda "viene de lejos". Según ha precisado, el aumento de los precios de la compra y del alquiler de vivienda en la última década es muy superior al incremento de los salarios, por lo que se ha convertido en "un factor que ahonda de manera determinante la desigualdad". En 2024, según ha puntualizado, reciberon 822 quejas sobre dificultades en relación con la vivienda.

Según ha señalado, citando datos de Eurostat de 2023, un 30,6% de la población que alquila vivienda, dedica más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, 10,3 puntos por encima de la media de la Unión Europea. A su vez, ha precisado que los que dedican menos de la cuarta parte de sus ingresos "apenas son un 35%, muy por debajo de la media de la Unión Europea (48%), y lejos de países como Suecia (49%) o Alemania (56%)".

A los "elevados precios", según ha precisado Gabilondo, se une "el reducido tamaño del parque público de vivienda" que "apenas representa el 3,4% del total de hogares frente al 8% de la media europea". Esto se debe, según ha indicado, a que "la mayoría de las viviendas de protección oficial se destinaron a la compra o al alquiler con opción de compra con una calificación limitada en el tiempo" lo que permitió su posterior incorporación al mercado libre.

Así, ha señalado que, desde 1960 se han promovido alrededor de 6,5 millones de viviendas protegidas (2,7 millones desde 1980 hasta 2023). Si bien, el parque de vivienda pública gestionado por administraciones autonómicas y municipales "apenas alcanza los 318.000 unidades, un 1,5% del total".

Por ello, el Defensor del Pueblo ha enfatizado que es "imprescindible un aumento significativo de la oferta de vivienda pública y de vivienda protegida en alquiler" y ha pedido que los "procesos de adjudicación de vivienda se realicen con la mayor transparencia y eficacia".

También ha abogado por mantener y mejorar los programas de ayuda al pago del alquiler. "Algunos dicen, no, no, ninguna ayuda", ha apuntado. "¿Qué hacemos hasta que haya más oferta de vivienda? ¿Ponemos a todo el que no tenga vivienda sentado en un lugar mientras van a ver las obras, como las personas de edad?", ha reprochado a quienes se oponen a las ayudas.

A su vez, Gabilondo ha alertado del "acelerado incremento en los últimos años del número de viviendas que se destinan al alquiler turístico de alta rentabilidad", generando "una nueva brecha de desigualdad entre quienes son titulares de una vivienda y quienes no lo son".

Además, ha advertido de la situación de los jóvenes que "ni aun teniendo un sueldo pueden acceder a una vivienda" y ha alertado, citando el informe FOESSA de Cáritas, del sinhogarismo, "la manifestación más extrema de la marginación o exclusión social" y de la existencia de "asentamientos sin las condiciones mínimas de habitabilidad".

En este sentido, el Defensor ha subrayado que "la erradicación del chabolismo y de la infravivienda debe convertirse en una prioridad para las administraciones", con "el realojo de los habitantes con la mayor rapidez posible en viviendas dignas".

Por otro lado, ha indicado que hay "un número considerable de personas y familias que trasladan el drama social y humano que implican los desahucios" y ha añadido que recibe "algunas quejas de vecinos que refieren problemas de convivencia y vandalismo que producen los ocupantes sin título de vivienda".

ACTUACIONES CON VIVIENDA, CCAA Y LOS 10 AYUNTAMIENTOS MÁS POBLADOS

Ante los problemas y quejas recibidas, el Defensor ha revelado que, a finales de junio de 2025, decidió iniciar actuaciones con todas las CCAA, ciudades autónomas, Ministerio de Vivienda y con los diez ayuntamientos más poblados de España (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Alicante y las Palmas de Gran Canaria), para que enviaran información sobre el número de viviendas protegidas y asequibles que existen en su territorio y el número de personas en espera de adjudicación.

Además, al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana le solicitaron información del contenido del próximo plan estatal en materia de vivienda, los avances relativos a la constitución de la empresa pública de vivienda anunciada y sobre el grado de ejecución de los planes y programas de construcción de viviendas previsto.

Hasta el momento, según ha precisado Gabilondo, han enviado informes al Defensor del Pueblo, el Ministerio de Vivienda y las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco y entre los municipios Alicante, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

Durante la comparecencia, los diferentes grupos parlamentarios han planteado sus peticiones y quejas ante el Defensor del Pueblo. En concreto, desde el PP y Vox han pedido a Gabilondo realizar un monográfico sobre el problema de la vivienda.

"Esperamos que esta comparecencia pueda servir como una oportunidad para activar actuaciones a realizar por el Defensor del Pueblo que vayan dirigidas a un informe monográfico como se merece este problema", ha pedido el diputado de Vox Pedro Fernández.

En este punto ha coincidido la senadora María Asunción Mayo, que agradecería, según ha dicho, "un estudio profundo de los problemas y de cuál es la situación real". A su vez, ha defendido que "la única medida a corto plazo" para solucionar el problema de la vivienda es "poner coto al fenómeno de la okupación". "Esto es como en las violaciones, miren, vamos a 15 diarias. ¿Cuál es la estadística de que te toque? Muy pocas. ¿Vas a tomar medidas para protegerte? Todas las del mundo, todas las mujeres lo van a hacer. Pues con la ocupación pasa lo mismo", ha argumentado.

Mientras, la diputada de Sumar Viviane Ogou i Corbi ha puesto de relieve "una situación tremenda que se está viendo en Badalona" ya que "en las próximas semanas se va a desahuciar a casi 400 personas que viven en una nave abandonada en un pueblo donde los servicios sociales prácticamente no dan cita, donde no hay alternativas habitacionales, donde no hay albergues".

Por su parte, el senador Joan Josep Queralt, ha apuntado que "para que haya consenso en las soluciones, tiene que haber consenso en el diagnóstico", mientras que el diputado del PSOE Ignasi Conesa ha subrayado que ellos quieren "un cambio de paradigma".

Gabilondo ha respondido que no sabe si hay que hacer "un cambio o no de paradigma" pero sí considera que hay que "estar dispuestos a tener la valentía de abordar con todo rigor" un nuevo "diagnóstico".

También ha indicado que se le hace "muy duro echar la culpa a un gobierno" ya sea el Gobierno central o gobiernos autonómicos de que haya "trabajadores pobres". "No se me ocurre decir a la comunidad tal tiene trabajadores pobres, la culpa es del gobierno de la comunidad tal. No, yo creo que eso es un asunto de una complejidad y una profundidad que nos compromete efectivamente a todos", ha zanjado.