Archivo - Un hombre pasea con bastón. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha advertido de que el Gobierno central "redujo al 27,1% (1,5 puntos porcentuales menos)" su porcentaje de financiación del Sistema de la Dependencia en 2024, aportando un total de "3.478 millones de euros un 5,6% más" que el año anterior, según datos oficiales recopilados por la asociación.
Si bien, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido el "esfuerzo" de financiación "sin precedentes" del Estado y ha enumerado algunas aportaciones extra como que han destinado parte de los fondos europeos a dependencia, los 808 millones adicionales a las comunidades autónomas para teleasistencia y reforma de plazas residenciales o los 230 millones a las cotizaciones de las cuidadoras no profesionales.
Según los datos recopilados por los gerentes de Servicios Sociales, en 2024, las comunidades autónomas financiaron, de media, el 72,9% del sistema de la dependencia, con un total de 9.365 millones de euros (un 13,8% más que en 2023). Tal y como han señalado desde la asociación en otras ocasiones, la financiación deseable sería al 50% entre las CCAA y la AGE.
Según la asociación, las comunidades que menos porcentaje aportaron en Dependencia son: La Rioja (61,4%), Castilla y León (63,2%), Andalucía y Galicia (65,1%). Las que más aportan son País Vasco (84%), Navarra (81%) y Baleares (80,6%).
Así, los Gerentes de Servicios Sociales apuntan a un cambio de tendencia en cuanto al porcentaje aportado por las CCAA y el Estado. En concreto, explican que el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal durante el periodo 2012 a 2020 presentaba una "tendencia alcista" que "se rompe" en 2021, por el incremento en la financiación aportada por la AGE mediante el plan de choque.
De esta forma, añade que el peso de las CCAA en la financiación cayó un 13% entre los años 2020 y 2023, porque la AGE refuerza la financiación. Sin embargo, "en 2024 vuelve a incrementarse rompiendo la tendencia cuatro años después".
La asociación precisa que la Administración General del Estado incrementó en "185 millones de euros" su gasto en dependencia debido a su obligación de soportar el nivel mínimo de financiación correspondiente a las personas beneficiarias de la Ley, al haberse incrementado el número de personas atendidas.
Si bien, puntualiza que este incremento del gasto fue "por imperativo legal, pero no por compromiso político, ya que no existió incremento presupuestario para la dependencia por parte del Gobierno central, lo que supuso que se redujera su porcentaje en la financiación del Sistema".
En cuanto al gasto anual medio por persona beneficiaria, la asociación expone que fue de 8.592 euros, de los cuales "la AGE aportó 2.327 euros en concepto de nivel mínimo de protección y las Comunidades Autónomas 6.267 euros".
Según los datos recopilados por la asociación, la comunidad que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue el País Vasco con 13.554 euros anuales. Esta cantidad casi duplica el gasto de la comunidad que menos invirtió, que fue Andalucía, con 7.173 euros anuales.
La asociación también advierte de que nueve CCAA van a ver disminuidas las cantidades para financiación de la dependencia, en la distribución de los 783 millones de euros del Nivel Acordado en 2025: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y Región de Murcia.
Preguntado por estos datos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro Pablo Bustinduy ha advertido de que en estas cifras de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales "no se han incluido" otros datos que demuestran, a su juicio, el "esfuerzo sin precedentes" del Gobierno.
Así, ha precisado que "España ha sido el único país de la Unión Europea que ha decidido destinar parte de los fondos de recuperación, en concreto en su capítulo 22, a la renovación y la modernización de los sistemas de atención a la dependencia" y que "solo en 2024" transfirieron "808 millones de euros adicionales a las Comunidades Autónomas para la implantación de los sistemas de teleasistencia y para la reforma y transformación de más de 15.000 plazas residenciales".
"Es un esfuerzo sin precedentes. También destinamos 230 millones de euros, que tampoco están contados en esa cifra, a las cotizaciones de las cuidadoras no profesionales. Por tanto, incluso en un escenario de presupuestos prorrogados, el esfuerzo fiscal en materia de dependencia no tiene precedentes", ha insistido Bustinduy.
En todo caso, el ministro ha asegurado que la financiación de la dependencia es "uno de los principales desafíos" y que "no basta solo con satisfacer las necesidades de financiación del sistema, sino que hay que transformarlo".
En este sentido, ha puesto en valor la reforma de la ley de dependencia y de la ley de discapacidad que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, y los "783 millones de euros para este fin" que han autorizado repartir entre las comunidades autónomas.
"PASOS INMINENTES" PARA CUMPLIR CON EL 50-50%
Además, ha asegurado que están trabajando tanto en el seno del Consejo Territorial, con las Comunidades Autónomas, como en el seno del Gobierno, con el Ministerio de Hacienda, para dar "pasos inminentes, decididos, para cumplir el Acuerdo de Gobierno que contempla alcanzar ese porcentaje del 50-50% en la financiación del gasto de la dependencia" (50% aportado por las CCAA y 50%, por el Estado).
Por otra parte, el ministro también ha destacado que la reforma aprobada este martes también contempla que todas las Administraciones tengan que aportar datos "con toda la transparencia" sobre qué porcentaje, qué carga están asumiendo las personas usuarias del pago de los servicios, "cosa que a día de hoy no está claro" y que puede incidir "de manera significativa en ese cálculo de los porcentajes". "Por tanto, reafirmamos el compromiso de mejorar esa financiación", ha insistido.