Actualizado 19/04/2007 11:57 CET

Gobierno y CCAA discutirán hoy la participación de los usuarios en el coste de los servicios del Sistema de Dependencia

Quienes ingresen menos de 6.000 euros al año no tendrán copago y las rentas de 60.000 pagarán un 90%

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y las comunidades autónomas discutirán hoy la participación de los usuarios en el coste de los servicios del Sistema de la Dependencia que, será nula en el caso de las personas con rentas de menos de 6.000 euros al año, mientras que los que ingresen más de 60.000 deberán afrontar un copago del 90 por ciento, según informó ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.

A instancias del diputado de CiU Carles Campuzano, el ministro insistió en que la Ley de Dependencia establece un derecho universal y subjetivo, independientemente de la capacidad económica y del lugar en el que residan los ciudadanos.

El parlamentario nacionalista advirtió de que la propuesta de copago realizada a las comunidades autónomas no garantiza el acceso de las clases medias a los servicios. Campuzano acusó al Gobierno de generar "expectativas que no se van a cumplir" puesto que no habrá "servicios de calidad al alcance" de este sector de población.

Sin embargo, Caldera aseguró que las "clases medias, como cualquier otro ciudadano, tendrán garantizado el derecho a recibir prestaciones y servicios del sistema de la dependencia". Eso sí, deberán realizar una aportación en función de su capacidad económica. "Creo que es bastante razonable y queremos hacerlo de acuerdo con el consejo territorial de la dependencia", destacó.

LA PROPUESTA DE COPAGO.

La propuesta de acuerdo de copago, que recoge Europa Press, lo determina en función a la renta y al patrimonio. A la hora de determinar el patrimonio no se tendrá en cuenta la vivienda habitual, a no ser que el beneficiario deba ser internado en una residencia.

Si la capacidad económica del beneficiario es igual o inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (499,20 euros al mes) no participará en el coste de los servicios asistenciales que reciba, si continúa residiendo en su domicilio. Si el servicio que recibe es de atención residencial, la participación en el coste de los servicios deberá garantizarle un mínimo para gastos personales.

En ningún caso, la participación del beneficiario en el coste de los servicios asistenciales superará el 90 por ciento respecto al precio de referencia que se haya establecido para el servicio. Este porcentaje de participación máxima se aplicará cuando la capacidad económica del beneficiario supere la cuantía que a tal efecto acuerde anualmente el Consejo Territorial, que para el año 2007 se fija en 59.904 € (diez veces el valor del IPREM).

Por otro lado, la participación del beneficiario en el coste de los servicios se regulará por las comunidades y ciudades autónomas. la propuesta del Gobierno establece un intervalo del 27 al 33 por ciento, y del 18 al 22 por ciento cuando el beneficiario recibe solo servicios asistenciales y continua residiendo en su domicilio.

INVERSIÓN MEDIA.

El Gobierno también propondrá hoy a las comunidades autónomas establecer un sueldo máximo de 487 euros mensuales para los familiares que cuiden de una persona dependiente. El cuidador deberá darse de alta en la Seguridad Social, pero su cuota correrá a cargo del Estado, pro lo que a esta cantidad hay que sumar otros 74 euros (un total de 561 euros al mes).

Además se propone una prestación económica vinculada al servicio (en el caso de que la administración no pueda ofrecerlo en el momento de que empiece a funcionar el sistema) y para la asistencia personal de hasta 780 euros, para los casos más graves.

Finalmente, Gobierno y comunidades autónomas abordarán la intensidad de la asistencia y los criterios de calidad. La propuesta, a la que tuvo acceso Europa Press, señala que Los centros residenciales para personas mayores dependientes deberán contar, al menos, con un cuidador por cada tres internos (una ratio de 0,38).

El Gobierno pretende que las comunidades autónomas acrediten a los centros, servicios y entidades privados que formen parte de la red del Sistema, sean concertados o no. Para ello, se establecerán requisitos y estándares de calidad en distintos ámbitos: recursos materiales y equipamientos, recursos humanos, documentación e información, así como en la calidad del empleo.

Las ratios de personal se adecuarán a las medias que actualmente se exigen por las comunidades autónomas que tienen regulación en esta materia. Estas ratios se mejorarán durante la implantación de la Ley.

Según el documento, las ratios serían las siguientes: residencia para mayores dependientes (0,38), centros de día y de noche para mayores (0,23), residencias para discapacitados físicos (0,5), residencias para discapacitados psíquicos (0,52), centros de día y noche para dependientes físicos (0,29) y centros de día y noche para enfermos mentales (0,34).