Actualizado 14/01/2019 18:30

El Gobierno destaca el gasto social de los Presupuestos Generales para 2019: el 57% del total

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   Montero asegura que son unas "cuentas feministas" y critica a las formaciones "de derechas" que quieren "obviar" esta inversión

   MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Así se reparten los Presupuestos Generales del Estado de 2019

   La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado este lunes que el 57% de las partidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 están destinadas al gasto social, con un aumento de las cuantías destinadas a dependencia, igualdad e infancia, entre otras.

   En rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso, tras entregar el proyecto presupuestario a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, Montero ha mencionado el "esfuerzo" realizado por su equipo para conseguir esta inversión social y preparar, según ha explicado, "un colchón de seguridad" para la ciudadanía tras los años de crisis.

   En su intervención, ha defendido estas partidas y criticado que formaciones "de derechas" hayan calificado al Gobierno de "irresponsable" por situar el gasto social en este porcentaje. A su juicio, son medidas "imprescindibles" por su "valor estratégico" para el empleo y la productividad. "Defendemos lo público porque sólo lo público genera igualdad", ha declarado.

   En este sentido, la ministra ha destacado la subida en cuantías destinadas a políticas de sanidad, dependencia, vivienda, educación o conciliación.

   Sobre este último punto, ha señalado la inclusión en los PGE de un aumento de las semanas de permiso por paternidad, de 5 a 8 semanas y su doble objetivo: llegar a una igualdad efectiva en corresponsabilidad y que las mujeres no sean penalizadas en el trabajo por el disfrute de su baja de maternidad. Montero también ha destacado que estas partidas incluyen los primeros pasos para "universalizar" la educación de 0 a 3 años.

SIN BRECHA DE GÉNERO AUMENTA EL PIB

   Estos son sólo algunas medidas tomadas dentro de unas cuentas que, según ha indicado la titular de Hacienda, son "feministas" y han sido elaboradas por un Gobierno que se ha puesto "las gafas moradas" para lograr políticas transversales de género. "Por justicia social y porque la integración de la mujer en la sociedad es fundamental para un desarrollo económico más dinámico y competitivo", ha declarado.

   Montero ha indicado que la eliminación de la brecha de género supondría un aumento del PIB de aquí a 2025 de 2,5 puntos, ya que se reducirían las situaciones precarias que suele sufrir la mujer, como los contratos temporales, la desigualdad de condiciones, la ausencia de directivas o la tendencia de que sean ellas quienes asuman los roles de cuidado y dejen su carrera.

   Por ello, Hacienda ha decidido incrementar las partidas relacionadas con los análisis de impacto genero en las diferentes políticas y comprobar en cuáles se presentan los mayores obstáculos para las mujeres. Se dará una mayor capacidad a las administraciones locales para atender a las mujeres víctimas de violencia machista y se creará una comisión interministerial de presupuestación con perspectiva género.

   En cuanto a ingresos, Montero ha destacado que "toda la política fiscal impacta de manera distinta" a hombres y a mujeres, comenzando por la rebaja del IVA, del 10% al 4% para los productos de higiene femenina.

MENORES Y MAYORES

   Otra de las políticas sociales que reciben una mayor atención en estos PGE es la dependencia. La ministra ha señalado el crecimiento de un 59,3% de la partida para el sistema nacional que, según ha indicado, supondrá una "importante mejora" en la vida de miles de personas, ayudará a las comunidades autónomas a financiar esta actividad, después de años "sosteniendo la red de dependencia" y se ampliará el número de personas que entran en el sistema, ya sea en centros de día, residencias o atención específica en sus domicilios.

   Finalmente, ha destacado la necesidad de priorizar en inversión en la infancia, subrayando que estos PGE recogen ayudas para los comedores, nuevas políticas para los niños inmigrantes no acompañados o mejoras en la financiación de material escolar para las familias más necesitadas.