NAIROBI, 26 Feb. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Kenia declaró hoy que estudiará el informe realizado por el relator especial de la ONU sobre ejecuciones sumarias, extrajudiciales y arbitrarias, Philip Alston, quien pidió ayer la destitución del jefe de Policía keniano, Hussein Ali, y la dimisión del fiscal general, Amos Wako, por las muertes realizadas a mano de las fuerzas de seguridad.
El informe de Alston provocó una respuesta crítica por parte del Ministerio de Información keniano, que le acusó de actuar de mala fe y de excederse en su mandato. El ministro de Asuntos Exteriores del país, Moses Wetangula, también declaró hoy que se había molestado por la forma en la que Alston había publicado sus descubrimientos, y aseguró que el Gobierno estudiará sus conclusiones. "Estudiaremos y decidiremos cómo lo abordamos", declaró Wetangula durante una rueda de prensa en Nairobi.
"Como Gobierno, le dejamos hacer su trabajo (...), es importante para nosotros verificar si el informe se basa en hechos, en insinuaciones o en ambos, y entonces tomar las acciones necesarias de recuperación", añadió Wetangula. "Veremos cuáles de estas recomendaciones pueden implementarse y cuáles no", anotó.
Alston hizo sus recomendaciones en las conclusiones de un informe sobre las muertes de 500 sospechosos de pertenecer a la banda criminal de los Mungiki, prohibida en el país; 400 manifestantes políticos durante la crisis postelectoral que sacudió el país el año pasado, y 200 presuntos rebeldes de la región occidental del monte Elgon.
Alston también manifestó que su visita de diez días había respaldado las informaciones de los testigos y de los grupos defensores de los Derechos Humanos sobre estos asesinatos, el tiroteo ilegal de decenas de ellos durante la violencia postelectoral que sacudió al país el año pasado y la tortura de otros cientos.
En una rueda de prensa distinta, la ministra de Justicia, Martha Karua, aseguró que el Gobierno se está concentrando en las reformas institucionales y no en tomar acciones contra sujetos. "El informe muestra algunos puntos de vista, algunos de los cuales son ciertos, pero estamos en desacuerdo con la mayor parte de sus conclusiones", aseguró.
El informe de Alston llega mientras crece la frustración contra la coalición gubernamental. La Administración se formó el pasado mes de abril para terminar con la crisis postelectoral que terminó con la vida de más de 1.300 personas y provocó el desplazamiento de más de 300.000. Esta frustración se une a las acusaciones debido a los escándalos de corrupción en los sectores del maíz y del petróleo.
Los embajadores de trece países occidentales, incluidos Estados Unidos y Reino Unido, emitieron hoy un comunicado conjunto en el que señalaban que el informe de Alston no puede ser sencillamente rechazado. "Consideramos su misión como un elemento importante en los esfuerzos para asegurar que continúa la reforma de la agenda", señalan. "Pedimos al Gobierno y al Parlamento que asuman seriamente su responsabilidad para asegurar que prevalece la Justicia", añaden.
