MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El movimiento asociativo de Plena inclusión ha celebrado este martes la aprobación en el Consejo de Ministros del nuevo modelo de cuidados, pero ha alertado sobre la "fragilidad de la financiación" y la "rigidez normativa".
En este sentido, la 'Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: Un proceso de desinstitucionalización (2024-2030)', aprobada a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tendrá una dotación inicial de 1.300 millones de euros con cargo a fondos europeos. Tiene como objetivo acabar con el modelo de las macroresidencias, incentivar los cuidados en domicilio y mejorar las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras en el sector de los cuidado.
Para la confederación estatal, que agrupa a más de 950 asociaciones que defienden los derechos de miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, se trata "de un cambio de paradigma en favor de transformar los sistemas de apoyo y cuidado que se ofrecen a las personas que viven situaciones de dependencia, vulnerabilidad o exclusión".
"El cambio que se propone hacia un nuevo modelo de cuidados implica también reformar la Ley de Dependencia, garantizando la continuidad de proyectos que ponen en el centro la vida independiente y los apoyos en la comunidad a las personas con discapacidad intelectual", ha asegurado la presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica.
En todo caso, Laucirica ha dicho que les preocupa "la fragilidad de la financiación y la rigidez normativa, porque se convierten en obstáculos para un proceso transformador que se enmarca en mandatos internacionales como la Estrategia Europea de Cuidados de larga duración". Por ello, Plena Inclusión ha pedido al Gobierno que dote a la Estrategia con los recursos necesarios "para garantizar la vida independiente y en comunidad".
Desde la confederación han recordado que avanzar en estrategias de desinstitucionalización también supone garantizar la financiación de proyectos como 'Mi Casa: una vida en comunidad', o promover perfiles profesionales como los de los conectores comunitarios o los de la asistencia personal.
También han insistido en que uno de los retos estratégicos que encara desde hace una década reside en asegurar que el proyecto de vida de cada persona esté "conectado" con su entorno social de referencia. La confederación estatal aboga "por que el derecho básico a una vida digna, elegida y en el contexto al que cada persona pertenece, cuente con los apoyos necesarios". En este sentido, han subrayado que la desinstitucionalización y este nuevo modelo de apoyos "permiten avanzar en el mandato constitucional recogido en la reciente reforma del artículo 49 de la Carta Magna".
Finalmente, Plena inclusión ha indicado que, entre los principios defendidos en la Convención de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad, se establece "como horizonte irrenunciable" la defensa del derecho de todas estas personas a vivir de forma independiente, "en un contexto de interdependencia y participando del día a día de sus barrios y pueblos".
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