Promotores de ILP contra el maltrato a la Tercera Edad: "Hay muchos tipos que no están regulados y no son denunciables"

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación por el Bienestar de la Tercera Edad (ABTE) 'Candelaria' de Granada, promotor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la protección de las personas mayores, ha señalado que "hay muchos tipos de maltrato que no están regulados y no son denunciables".

Así lo ha puesto de manifiesto este martes el vicepresidente y coordinador jurídico de ABTE, Francisco Miguel Contreras, en declaraciones a Europa Press frente al Congreso de los Diputados. En este sentido, ha asegurado que "hay muchos tipos de maltrato que no están regulados, no son detectables y, por tanto, no son denunciables".

La Mesa de la Cámara Baja ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), propulsada pro ABTE, que tiene como objetivo la aprobación de una ley que garantice los derechos, la dignidad y la seguridad de las personas mayores, "estableciendo un marco legal específico para la prevención, detección, atención y erradicación de cualquier forma de maltrato hacia este colectivo".

"Lo que queremos es buscar es el apoyo de las instituciones para que se apruebe esa ley donde se incluyan todos los tipos de maltrato y que haya una labor de prevención, concienciación social para atacar este tema", ha señalado Contreras.

Asimismo, ha denunciado que actualmente "no existe una ley específica que atienda protocolos específicos de actuación para la prevención, detección, atención de estas personas maltratadas".

Los promotores de la ILP, a la que ha tenido acceso Europa Press, persiguen a través de una Ley específica erradicar estar problemática y que este asunto "de vital importancia" se trate como un Pacto de Estado entre todos los partidos que incida en los ámbitos de sensibilización y prevención; mejora de la respuesta institucional; perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas; impulso a la formación de los distintos agentes; seguimiento estadístico; recomendaciones a las administraciones públicas y otras instituciones; visualización y atención de otras formas de violencia contra el mayor; y compromiso económico y seguimiento del pacto.

Así, en la exposición de motivos de la iniciativa, la asociación recuerda que el maltrato --físico, psicológico, económico, social o por negligencia-- constituye una "violación grave" de los derechos humanos, como reconocen organismos internacionales como la ONU, y requiere "una respuesta normativa sólida, transversal y específica para garantizar su dignidad, salud y bienestar".

Aunque en España existen normas que ofrecen cierta protección --como la Constitución, el Código Penal o la Ley de Dependencia--, los impulsores de la ILP aseguran que resultan "insuficientes" para abordar el problema de manera integral.

Los objetivos concretos son establecer un marco jurídico integral que garantice la protección efectiva de las personas mayores frente a cualquier forma de maltrato; asegurar el pleno ejercicio de sus derechos, en conformidad con los principios y normativas internacionales en materia de derechos humanos; fomentar la coordinación entre instituciones públicas, entidades privadas y la sociedad civil para desarrollar políticas eficaces de prevención, atención y reparación; fortalecer los sistemas de detección, denuncia y apoyo a las víctimas, asegurando mecanismos accesibles y adaptados a sus necesidades; y promover programas de sensibilización dirigidos a erradicar estereotipos y prevenir situaciones de abuso y discriminación.

PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS

La ley sería aplicable en todo el territorio nacional y garantizará la protección de todas las personas mayores de 65 años que sean víctimas de cualquier forma de maltrato, que se definirá como "cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, patrimonial o social a una persona mayor, vulnerando su dignidad, derechos o bienestar".

Además, se implementarán campañas públicas de sensibilización para promover el respeto, la protección y el cuidado de las personas mayores. Y los profesionales que trabajen con este colectivo recibirían formación específica y continua para identificar, prevenir y actuar ante situaciones de maltrato.

La ley permitirá también establecer protocolos de actuación obligatorios en centros sanitarios, residencias y servicios sociales para la detección temprana del maltrato, garantizando su notificación inmediata a las autoridades competentes. Y se garantizará asistencia jurídica, psicológica y social gratuita para las víctimas de maltrato.

La ILP también contempla además un régimen sancionador, con multas económicas, clausura temporal de los establecimientos responsables y suspensión de licencias de actividad, en función de la gravedad de la infracción cometida.

Por último, se insta al Gobierno para que, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, apruebe el reglamento que desarrolle todos los aspectos de la norma.

NECESITAN AL MENOS MEDIO MILLÓN DE FIRMAS EN NUEVE MESES

Una vez admitida a trámite en la Mesa del Congreso, la Comisión Promotora de la iniciativa deberá recoger al menos medio millón de firmas en un plazo de nueve meses, que podría ser prorrogado por tres meses.

Es un proyecto que parte de Granada. Ya lo hemos movido por diputación, ayuntamiento, universidad para hacer una declaración institucional sobre este tema, para que la gente se acerque a hacer la firma. Y, lógicamente, lo moveremos ya a nivel nacional a través de las distintas asociaciones de mayores y a través de todas las organizaciones, ámbitos sanitarios, asociativos, para poder en los nueve meses conseguir las firmas que nos sean necesarias", ha explicado Contreras, quien ha agregado que esperan conseguirlo.