MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
Plena Inclusión ha hecho un llamamiento a los responsables políticos para que el cambio de legislatura tras las elecciones generales del próximo 23 de julio no supongan una cancelación de los procesos legislativos que mejoran los derechos de las personas con discapacidad y les ha pedido que incluyan en sus programas electorales medidas que promocionen la independencia y desinstitucionalización del colectivo.
La entidad quiere que ante las próximas elecciones los partidos se comprometan a reforzar el empleo público para personas con grandes necesidades de apoyo; a potenciar y dotar de recursos a la Asistencia Personal; a desarrollar la figura del Facilitador procesal; o a promocionar la vida independiente y desinstitucionalización del colectivo.
La presidenta de Plena Inclusión, Carmen Laucirica, ha advertido de que, aunque los procesos legislativos para mejorar los derechos de las personas con discapacidad se hayan paralizado por la convocatoria de los comicios, estos "deberían reactivarse" tras los mismos para que los derechos del colectivo, tanto en el caso de adultos como de menores, "se garanticen" y "se mejoren".
MÁS PETICIONES
Por eso, además de las medidas relacionadas con esa desinstitucionalizacion del colectivo, la entidad también propone otras medidas en materia de Educación, Sanidad o brecha digital, entre otros temas.
Entre sus sugerencias a los partidos para incluir en sus promesas electorales, está el destinar más presupuestos a mejorar la financiación de los servicios para las personas con discapacidad; un mayor apoyo a la diversidad familiar, así como a la maternidad y a la paternidad; o el desarrollo del perfil profesional de validador y evaluador de accesibilidad cognitiva.
También llaman a una atención temprana universal y gratuita; la puesta en marcha de estrategias de impulso de la educación inclusiva; un Plan de derechos sexuales y reproductivos para mujeres y niñas con discapacidad; la inclusión explícita de las personas con discapacidad en las regulaciones y políticas orientadas al desarrollo rural; o el impulso y apoyo al desarrollo tecnológico y a la mejora de las competencias digitales necesarias para facilitar la comunicación, comprensión y utilización accesible de los distintos productos, servicios y entornos.
