Sumar quiere condonar por ley la deuda a "muchísimas" familias que recibieron el IMV por error del Estado

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha registrado este martes una proposición de ley en el Congreso para condonar la deuda a "muchísimas" familias que recibieron el Ingreso Mínimo Vital (IMV) por error de la Administración.

Así lo ha indicado la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, en una rueda de prensa en la Cámara Baja, donde ha señalado que "no es una reformulación" de la prestación a la que están intentado "darle la vuelta" para que sea "más útil", para que "llegue a más gente" y para que sea "más fácil" acceder a ella.

Vidal ha explicado que, entre 2020 y 2023, el Estado concedió las ayudas "de forma automática" a muchas familias y "sin tener en cuenta" que había elementos de incompatibilidad con la propia medida. Según la portavoz, en la actualidad la Administración les reclama una deuda "absolutamente enorme, impagable".

"Fue el propio Estado quien, de buena fe, y quiero recalcar esto, concedió estas ayudas a aquellas familias que, en principio, por renta, tenían la oportunidad de poder entrar en el ingreso mínimo vital", ha manifestado.

Aina Vidal ha apuntado que ahora se está reclamando a estas familias cantidades de entre 2.000 y 50.000 euros. "Una deuda de estas características para cualquier familia sería un problema, pero para este tipo de familias concretamente que están en una situación extrema de vulnerabilidad, aún peor", ha remarcado, para después añadir que "es parte también de un buen gobierno, de una buena administración, saber reconocer cuando se cometen errores".

ARREGLAR EL PROBLEMA DE FORMA "RÁPIDA"

La portavoz de Sumar ha señalado que "no es la primera vez que acontece" una situación parecida y ha apuntado que en Cataluña hubo un "caso similar" y el Parlamento catalán decidió exonerar la deuda a las familias. En su opinión, es "una forma sencilla, rápida e indolora" de reconocer la responsabilidad del Estado y de "intentar arreglarlo de una forma rápida".

Vidal ha afirmado que esta medida afectaría a mujeres "como Cristina, que en 2020 el propio Estado le concedió el IMV y, después, reconociendo que había un error, le pidió que la deuda la asumiera ella". "Hoy debe 15.000 euros pendientes de sentencia, mientras hoy la Xunta de Galicia, por ejemplo, le ha denegado una beca a su hija por incompatibilidad", ha argumentado.

"Hablamos de José Antonio, que comunicó voluntariamente la bajada del IMV porque había recibido una pequeña herencia y, aun así, la Seguridad Social le exige que pague todo cuanto se le había dado hasta el momento", ha añadido la diputada de Sumar, que ha recordado que la deuda se trasmite de padres a hijos.

Según la parlamentaria de Sumar, no están pidiendo "nada nuevo", ya que "lo viene reclamando el Defensor del Pueblo desde el año 2024, lo estableció también el Tribunal de Derechos Humanos en 2018, y lo viene conformando, además, el Tribunal Supremo en varias sentencias que han acontecido". "Lo único que faltaba es que se tradujera en ley", ha señalado.

"MUCHÍSIMAS LAS FAMILIAS AFECTADAS"

Aina Vidal ha insistido en que son "muchísimas las familias afectadas" por lo que espera que pueda ser una ley que "suscite acuerdo" y lleve una tramitación "rápida". "A veces, la Administración se equivoca y debemos responder con diligencia y con responsabilidad", ha insistido.

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, se establece que "no tendrán la consideración de exigibles las prestaciones indebidas recibidas por las personas beneficiarias cuando estas se deban a un error imputable a la administración competente, y la persona beneficiaria no haya contribuido a la percepción indebida mediante actos o hechos contrarios a la buena fe".

Tampoco tendrán consideración de exigibles cuando las cantidades percibidas atiendan a necesidades básicas de subsistencia de personas en situación de vulnerabilidad.

El ingreso mínimo vital, puesto en funcionamiento en junio de 2020, se configura como un derecho subjetivo y consiste en una prestación económica que garantiza un nivel mínimo de renta a los hogares en situación de vulnerabilidad económica.