Sumar recrimina a Igualdad que excluya a entidades no abolicionistas de sus ayudas: "Discrimina por motivos de opinión"

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha pedido explicaciones al Ministerio de Igualdad, después de que el departamento que dirige Ana Redondo haya iniciado la tramitación de una modificación de las bases reguladoras de sus subvenciones para programas de sensibilización, prevención e investigación sobre las violencias contra las mujeres en la que introduce como requisito que las solicitantes sean abolicionistas de la prostitución. Según el socio minoritario del Gobierno "discrimina por motivos de opinión".

A través de una batería de preguntas registradas en el Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso Europa Press, Sumar solicita conocer los fundamentos en los que se basa Igualdad para llevar a cabo esta exigencia. "¿No considera que se trata de una cuestión que discrimina por motivos de opinión y de pluralidad teniendo en cuenta que dicho reconocimiento no figura expresamente en la legislación vigente como una obligación ni la ausencia de este reconocimiento constituye ninguna ilegalidad?", pregunta.

En cuanto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el año pasado, Sumar pregunta por el apartado concreto donde se establece "que un determinado marco conceptual deba operar como requisito excluyente para el acceso a subvenciones, y no como una orientación general de acción pública".

También subraya que el Convenio de Estambul "no califica la prostitución en sí misma como una forma de violencia". Además, pregunta si el Gobierno considera "compatible" con los principios constitucionales "de neutralidad ideológica y objetividad" de la Administración que el acceso a subvenciones públicas quede condicionado "a la adhesión expresa a un determinado marco conceptual no definido por el legislador".

De la misma manera, pide conocer la doctrina constitucional que avala el uso de la financiación pública "como instrumento" para exigir dicha adhesión previa a las entidades sociales.

"Desde una perspectiva de buena administración y eficacia de las políticas públicas, la medida podría producir efectos muy negativos y reducir de forma significativa el número de entidades que pueden acceder a estas convocatorias. Ello afectaría especialmente a organizaciones con una trayectoria acreditada en la atención a mujeres en contextos de prostitución, trata o exclusión social, pero que operan desde enfoques y marcos de intervención diversos", precisa.