Igualdad anunció en octubre que regulará para que la justicia no tenga en cuenta este comportamiento que "no tiene aval científico"
MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Síndrome de Alienación Parental (SAP) es un término usado en la psiquiatría infantil para determinar cuándo un menor ha sido manipulado por uno de sus progenitores contra el otro, especialmente en casos de procedimientos judiciales de divorcio. En España, este comportamiento no tiene regulación específica, por eso Vox propone ahora al Ejecutivo que lo incluya en la legislación procesal.
Los de Santiago Abascal consideran que tomar esta decisión sirve para "proteger a los menores que están siendo víctimas" de esta alienación y permitirá "adoptar las medidas y regímenes que más les preserven de la misma, penalizando al mismo tiempo a los progenitores que la ocasionan".
A través de una proposición no de ley, registrada en el Congreso y recogida por Europa Press, el grupo parlamentario propone, además, que se dediquen "los medios humanos y económicos necesarios para la investigación" del SAP "desde una perspectiva multidisciplinar": médica y jurídica.
UN DATO "ENTRE TANTOS OTROS"
"El hecho de que el SAP no esté regulado ni penalizado redunda en claro perjuicio del interés superior del menor, principio rector de los procesos de Derecho de Familia", denuncia Vox. Además, considera que esta falta de regulación genera "una gran inseguridad jurídica de los progenitores alienados" que se une "al sufrimiento de verse emocionalmente apartados de sus hijos".
Tal y como lo define el partido, con la situación actual, las resoluciones judiciales sólo pueden "limitarse a constatar en los menores una sintomatología propia" del síndrome para, posteriormente, tener en cuenta ese dato entre tantos otros que condicionan el otorgamiento de una guarda y custodia.
Este argumentario contrasta con el del Gobierno. De hecho, la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, anunciaba este mes, en su comparecencia en el Congreso, su intención de regular para que el SAP no "fuera tomado en consideración por la Justicia española". Montero señala que este síndrome se valora a través de criterios "sin aval científico".
DEFIENDE EL DERECHO A SER ESCUCHADO
Tal y como explicó, su departamento trabaja con esta intención, junto con la vicepresidencia segunda del Gobierno y el Ministerio de Justicia, con el objetivo de introducir cambios en la Ley contra la violencia en la infancia en esta materia.
La responsable de Igualdad ha llamado a tener "cautela estricta" hacia este "supuesto síndrome" que, según ha señalado, se usa para invalidar la declaración de los niños niñas que han sufrido violencia, "por entender que existe una interferencia adulta". "Ser escuchado a cualquier edad es un derecho consignado en las leyes, y en una ley contra la violencia en la infancia es necesario reforzar este derecho", ha declarado.
En este sentido, señaló como "enormemente preocupante", puesto que "contribuye a la impunidad de formas de violencia contra la infancia". Esto, ha indicado, sería "inasumible para un Gobierno feminista".
EN EL PACTO DE ESTADO
Esta propuesta viene a cumplir uno de los puntos acordados en el pacto de Estado contra la violencia de género y también está incluido en las guías de recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial en relación a la violencia de género, aunque no se trata de una medida de obligado cumplimiento.
En la propuesta de Vox se utiliza, precisamente, el Pacto de Estado para señalar que la ausencia del SAP en la legislación procesal es "deliberada".
A su juicio, la redacción del acuerdo, en la que se especifica que el síndrome "carece de base científica" y "está excluida de los catálogos de enfermedades científicamente reconocidas", "no es cierta", "ni a nivel científico (médico y psicológico) ni jurisprudencial.
