La Cámara acoge un nuevo debate sobre este caso después del 'rifi-rafe' de PP y Vox con Pablo Iglesias esta semana
MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El casos de supuestos abusos sexuales a menores tuteladas en centros públicos de Mallorca regresa al Pleno del Congreso, esta vez, a través de una proposición no de ley que Ciudadanos lleva a debate y en la que reclaman la puesta en marcha de protocolos de actuación para detectar y prevenir estas situaciones de abuso.
La situación de estas niñas ya fue objeto de debate en la Cámara baja esta semana ya que PP y Vox preguntaron al vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, sobre la actuación del Gobierno en este caso.
Ambos partidos acusaron al Gobierno "obstaculizar" la investigación en el Consell de Baleares, en donde el PSOE gobierna con los nacionalistas de Ms. Iglesias replicó acusándoles de "descojonarse" en sus intervenciones mientras se hablaba de "niñas prostituidas".
Ahora, Ciudadanos retoma el debate en la Cámara baja con una iniciativa en la que insta al Gobierno a "garantizar la protección integral y la asistencia a menores tutelados y residentes en centros de responsabilidad pública".
Para ello, llama al Ejecutivo a promover el establecimiento de protocolos --de prevención, detección y actuación-- o la revisión, en colaboración con las comunidades autónomas, de los ya existentes para "asegurar la eficacia de su respuesta ante estas situaciones".
URGEN A APROBAR LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
También propone "impulsar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para esclarecer los casos de abuso, agresión y explotación sexual" de las menores tuteladas residentes en centros dependientes del Consell de Mallorca de las que se ha tenido recientemente conocimiento, y para "asegurar la detección y puesta a disposición de la justicia de los presuntos responsables".
En la iniciativa, recogida por Europa Press, Ciudadanos también recoge la necesidad de que el Gobierno apruebe y presente ante el Congreso una Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que asegure la protección y asistencia de todos los menores que sean víctimas de cualquier forma de violencia y que contemple disposiciones específicas para garantizar la protección de los menores tutelados residentes en centros de responsabilidad pública.
Se trata de una norma que las asociaciones en defensa de los derechos de la Infancia llevan reclamando desde hace años y que el vicepresidente segundo del Ejecutivo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha anunciado como una de sus primeras medidas a poner en marcha.
