MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
ONG de infancia se han mostrado "consternadas" por el asesinato del menor de 10 años de Beniel (Murcia), presuntamente a manos de su padre, y han exigido que en cuanto se forme gobierno la primera ley que se apruebe sea la de protección a la infancia frente a la violencia, y que esta obligue a que, en casos de violencia de género, se prime el interés superior del menor frente al derecho del padre maltratador al régimen de visitas.
"Exigimos la aprobación urgente, cuando por fin haya Gobierno, de una ley que proteja a los niños frente a cualquier tipo de violencia y que obligue en caso de divorcio específicamente a que se tenga en cuenta el interés superior del niño frente a cualquier otro tipo de consideración, frente al derecho del padre al régimen de visitas", ha pedido el portavoz de Save The Children Rodrigo Hernández, en declaraciones a Europa Press.
También reclaman que esta ley "obligue a que todos los juzgados y agentes que tengan contacto con el niño tengan una especialización en los derechos de la infancia"; y piden un registro unificado de violencia contra la infancia para poder dimensionar la situación y dedicar los recursos necesarios para luchar contra esta "lacra".
Para el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, también es "urgente" la aprobación de esta ley integral de protección a la infancia frente a toda forma de violencia, que vienen reclamando desde hace ocho años.
"El propio Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas lo ha pedido ya dos veces. Hemos trabajado con el gobierno anterior y con este gobierno en funciones y el anteproyecto está realizado, solo hay que presentarlo ante el Congreso", ha subrayado a Europa Press.
Según ha precisado, el texto contemplaba que se garantizase un seguimiento de la administración en situaciones que pudieran poner en riesgo a los niños, como en el caso de la violencia machista. "Si hablamos de casos de condenas de violencia machista por parte de los progenitores, hay que garantizar siempre el interés superior del niño", ha enfatizado.
AUSENCIA DE GOBIERNO
Por ello, tanto a la Plataforma de Infancia como a Save The Children les preocupa mucho que teniendo ya el anteproyecto y existiendo el "consenso" parlamentario necesario, la ley no se apruebe por la ausencia de gobierno.
"Son muchas las medidas necesarias en las que hay consenso parlamentario pero no se está haciendo porque no se pueden aprobar presupuestos ni leyes. Eso no es nuevo en este país, llevamos cuatro años muy convulsos y es una frustración muy grande ver que, a pesar de que ha habido elecciones, a pesar del mandato de la ciudadanía no llega a haber un acuerdo parlamentario", ha zanjado el director de la Plataforma de Infancia.
En concreto, sobre el caso del menor de 10 años asesinado en Beniel (Murcia), presuntamente a manos de su padre, que tenía una orden de alejamiento por violencia de género, la especialista en políticas de infancia de UNICEF Comité Español, Almudena Olaguibel, ha apuntado que "en cualquier decisión que afecte a la vida de un menor", el juez tiene que "hacer una evaluación de su interés superior".
"Es muy difícil poder prever una situación de violencia. Lo que sí reclamamos es que los niños no se consideren como un mero accesorio de los adultos, sino realmente como sujetos y ciudadanos de pleno derecho", ha subrayado Olaguibel a Europa Press.
A su juicio, si se dicta una orden de alejamiento contra la madre por violencia de género, los niños "también" deberían tener una protección "porque la ley les considera víctimas directas".
PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
En cualquier caso, Olaguibel reconoce que "se está avanzando mucho en la protección" de los hijos e hijas de víctimas de violencia de género pues ya se les contabiliza como víctimas y no se les invisibiliza. Si bien, recuerda que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género pide reforzar esa protección.
Entre otras cosas, el Pacto de Estado establece que se adoptarán "medidas que permitan que la custodia compartida en ningún caso se imponga en casos de violencia de género" cuando alguno de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos.
El Pacto también contempla el "carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia", así como prohibir las visitas de los menores al padre en prisión condenado por violencia de género.
