El 66 por ciento de estas personas no recibe pensión por discapacidad al carecer de un permiso de residencia permanente
MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El 5 por ciento de la población inmigrante de España, unas 225.000 personas, tienen alguna discapacidad y en la cuarta parte de los casos se adquirió estando ya en el país, según un estudio del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) que presentó hoy el presidente de la entidad, Luis Cayo Pérez Bueno, junto a la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí.
Este informe editado por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) está elaborado a partir de las cifras de la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999 y los datos sobre población extranjera en España del avance del Padrón Municipal de 2007. Según el CERMI, los datos son representativos de los inmigrantes con discapacidad que acuden a entidades de atención social y que tienen una situación legal y certificado de discapacidad.
Así, concluye que del total de inmigrantes con discapacidad en España, cerca de la cuarta parte (el 23,8 por ciento) adquirió la discapacidad en España, mientras que el 75 por ciento ya se encontraba en situación de discapacidad en el país de origen. Además, el 2,33% la adquirió en el proceso de migración, según el estudio.
En cuanto al perfil de estas personas, dado que la mayor parte de los inmigrantes son varones jóvenes, existe un alto número de menores de 35 años con discapacidad, en muchos casos, adquirida por accidentes laborales.
"Se trata de grupos de jóvenes que llegan para mejorar su calidad de vida, pero al estar en contacto con actividades laborales arriesgadas y propensas a accidentes, son también los que más riesgo corren de adquirir una discapacidad tras la migración", explicó uno de los coordinadores del trabajo, Agustín Huete García.
De estas personas, el 35 por ciento se encuentra en activo y la mayoría trabaja en los sectores de agricultura, construcción, hogar, hostelería y otros servicios. Asimismo, el estudio destaca que el 31 por ciento de los inmigrantes con discapacidad tiene un contrato laboral indefinido, el 32 por ciento, uno temporal, y el 17 por ciento trabaja sin contrato alguno.
PENSIONES POR DISCAPACIDAD
Por otra parte, el informe sostiene que los inmigrantes con discapacidad encuentran "una mejor atención especializada" en España que en sus países de origen. En este sentido, la mayoría de los que están en situación regular (74 por ciento) cuentan con certificado de reconocimiento de discapacidad, el 13 por ciento lo tiene en proceso de tramitación, y el 4,05 por ciento lo solicitó y le fue denegado.
Sin embargo, seis de cada diez no reciben una pensión por discapacidad, frente a un 30 por ciento que si la percibe, lo que se podría explicar, de acuerdo al estudio, porque "no cumplen los requisitos para la obtención de la autorización de residencia permanente".
Finalmente, el trabajo concluye que las principales "dificultades" para la integración objetiva, atención y apoyo a los inmigrantes con discapacidad están determinadas por las situaciones jurídicas que "dificultan el acceso a determinados derechos sociales mínimos".
Por ello, una de las recomendaciones de CERMI es que se establezcan mecanismos de acceso a la regularización cuando se precise atención social y comunitaria, así como el permiso de residencia, la tarjeta sanitaria y el certificado de minusvalía.
Además, el comité también sugiere que se coordine el trabajo de unidades especializadas, tanto de ONG como del sector público; que se realice un registro de la población inmigrante con discapacidad; "facilitar" medidas de inserción sociolaboral que atenúen la vulnerabilidad de este colectivo, y prestar atención especializada a las personas que adquieren la discapacidad en el proceso de migración.
Frente a las sugerencias expuestas en la presentación del informe, Consuelo Rumí afirmó que estudiarán las propuestas y recomendaciones para ver si se elaboran respuestas "en el marco legal".
El CERMI es una plataforma de encuentro y acción política de las personas con discapacidad constituido por las principales organizaciones estatales de personas con discapacidad, y agrupa en total a más de 4.000 asociaciones y entidades.
