MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Pascual Aguelo, ve "esencial" que el Ejecutivo establezca un sistema de control que estudie la procedencia del dinero extranjero empleado a la hora de pagar un piso superior a 160.000 euros a cambio de la concesión del permiso de residencia en España, para evitar así situaciones delictivas.
En declaraciones a los medios en la sede del CGAE, Aguelo ha recordado que esta medida ya está implementada en países del entorno como Canadá, Estados Unidos y Australia, así como en algunos países de la UE. A su juicio, poner en marcha esta propuesta supondría crear una nueva situación administrativa en España que podría conllevar un gran número de problemas adicionales, de carácter tributario por ejemplo.
Sobre si podría ser una manera de blanquear dinero, Aguelo ha insistido en que habría que establecer un sistema de control sobre la procedencia y el destino de esas inversiones.
TASAS JUDICIALES
En cuanto a las nuevas tasas judiciales y si éstas van a suponer una extranjería para ricos y para pobres, el representante de abogados cree que, por encima de todo, existe el derecho de las personas a migrar, si bien baraja que pueden darse situaciones de injusticia, que habrá que contemplar bajo un paraguas de derechos y libertades de las personas.
Precisamente, Aguelo ha presenciado la mesa redonda 'Abogacía y Extranjería, defensa de los derechos de las personas extranjeras', celebrada en la CGAE, donde la secretaria general de Inmigración, Marina del Corral, ha resaltado que en los últimos 20 años el panorama de la inmigración en España ha experimentado un cambio "sin precedentes" porque ahora el país cuenta con 5,3 millones de extranjeros residentes.
Así, ha destacado que se ha ralentizado la llegada de inmigrantes a España con la crisis económica, ya que la evolución de los movimientos migratorios está "íntimamente ligada" a la economía y a las oportunidades laborales que surgieron desde mediados de los 90 hasta hace unos años.
"En apenas dos décadas España ha pasado de ser un país de emigración a uno de los principales receptores. La sociedad española gracias a la inmigración se ha transformado y España es un país donde la diversidad es una realidad y hace prioritaria la realización de normas para integración de inmigrantes e implica responsabilidades", ha agregado.
LA CRISIS HA CAMBIADO EL PANORAMA
Mientras, la presidenta ejecutiva de UNICEF, Paloma Escudero, considera que ha cambiado todo el panorama social y la situación de la infancia con la crisis y con ello, hay que trabajar en otros enfoques como los menores extranjeros y su protección ante la crisis, su acceso a la sanidad o el refuerzo de la educación en valores.
En concreto, indica que la pobreza relativa afecta en España a más del 27 por ciento de los menores de 18 años, donde los niños extranjeros es uno de los colectivos más afectados. Además, ha mostrado su preocupación por el decreto ley de reforma sanitaria. En su opinión, cree que va a afectar y limitar su acceso a los menores inmigrantes irregulares.
Finalmente, el presidente del Consejo General de Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha destacado que los abogados siempre piensan que hay más derecho que obligación a la hora de defender a los menores.