MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
El informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2011 revela que pese a las reiteradas recomendaciones de la Alta Institución, que incluso elaboró un informe monográfico y jornadas formativas al respecto, se siguen practicando en España pruebas de determinación de la edad a jóvenes inmigrantes que son "inadecuadas o insuficientes" y que, en muchos casos, dejan a niños sin tutela ni lugar donde vivir.
Según explica, "los menores se ven forzados a abandonar el recurso residencial (de acogida) en el que viven y se encuentran en la calle totalmente desasistidos" cuando una prueba inadecuada afirma que son adultos aunque en realidad no lo sean.
"Lamentablemente las decisiones de los órganos judiciales que están estimando mayoritariamente los recursos interpuestos por los interesados contra el cese de tutela tienen carácter meramente declarativo por haber alcanzado estos la mayoría de edad cuando se resuelven", señala el informe.
Como ejemplo, expone una investigación abierta por la Institución a finales de 2011 sobre tres menores de edad de Malawi que llegaron a España para participar en la Jornada Mundial de la Juventud con visados para moverse en el espacio europeo expedidos por la Embajada de Alemania en su país.
Terminada la JMJ, decidieron no volver a casa y pasaron bajo tutela de una administración autonómica, que, pese a la documentación expedida por una autoridad europea, encargó que se les realizaran pruebas para determinar si en realidad eran menores de edad o adultos. Al final, uno se negó a someterse a la prueba y los dos que sí la hicieron fueron declarados mayores, por lo que cesó la tutela de la que gozaban.
"Los decretos de Fiscalía analizados no contienen motivación ni referencia a las concretas circunstancias de los interesados que hayan podido motivar las razones por las que se ha dudado de la fiabilidad de los datos contenidos en los pasaportes. Tampoco se especifica el resultado de las pruebas analizadas ni consta la aplicación de las pertinentes horquillas (de edad) a los resultados obtenidos", explica el informe.
Asimismo, la Defensora muestra su "especial preocupación" por la situación de seis personas africanas que afirman ser menores de edad y que se encuentran en la actualidad en un Centro de Estancia Temporal porque han sido tratados como adultos. La Institución ha iniciado una investigación, ya que tanto la ONG que les asistió como el ACNUR consideran que "a la vista de los datos aportardos y las entrevistas realizadas deberían recibir tratamiento como menores de edad".
El informe recuerda que las administraciones autonómicas deben asumir la tutela de los menores que se encuentran en situación de desamparo, tutela que sólo se ha de cesar por causas "tasadas". Sin embargo, explica que "se ha podido comprobar que los menores que ingresan en centros de protección meses antes de alcanzar la mayoría de edad permanecen hasta cumplir 18 años sin que la entidad de protección adopte medida alguna, quedando en una situación de completa vulnerabilidad social y de estancia irregular en España" cuando son dados de alta del centro.
La Alta Institución ha cursado actuaciones por casos de esta índole en la entidad de protección de menores de Melilla y la de Castilla y León, para recordarles que no pueden extinguir la tutela de un menor "por causas distintas a las establecidas en el Código Civil" e incidir en que estas causas no incluyen el abandono voluntario del centro de protección. Melilla "no sólo no corrige su actuación sino que defiende su posición", apunta el informe.
"Los perniciosos efectos de cesar la tutela de los menores por abandono voluntario del centro de protección afectan también a la documentación de estos menores", afirma la Alta Institución, para explicar que si la entidad de protección no asume o cesa la tutela, no se computará el plazo de estancia para obtener su permiso de residencia.
