MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Servicio Jesuita a Refugiados ha criticado que la política de la UE de retornar a los solicitantes de asilo al primer estado miembro por el que entraron presenta amplias variaciones en las prácticas de asilo de cada país en términos de calidad, acceso y salvaguardas. En consecuencia, "muchos refugiados son vulnerables a abusos, y pueden ser devueltos, directa o indirectamente, a sus países de origen", violando la ley internacional para los refugiados y los derechos humanos.
Así lo ha puesto de manifiesto en su informe 'Sanos y salvos: ¿cómo los refugiados viven las fronteras europeas?' realizado con motivo de la celebración el 10 de diciembre del aniversario del documento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el texto, también reclama que los gobiernos de los Estados respondan con urgencia a todos los inmigrantes y refugiados que se encuentren en peligro en el mar y permitan que puedan acceder a los procesos de tramitación que determinen si necesitan protección internacional.
Por otro lado, ha solicitado también a los Estados poner fin a la práctica de la expulsión forzosa de inmigrantes a terceros países donde sus derechos humanos no puedan ser protegidos eficazmente.
El director internacional del JRS, Peter Balleis, ha explicado que "sesenta años después de la adopción formal de la Convención de la ONU de 1951 para los Refugiados, muchos gobiernos siguen todavía inventando excusas para justificar el cierre de sus fronteras a los solicitantes de asilo en vez de encontrar soluciones duraderas al desplazamiento forzoso. Así, ha subrayado que "este enfoque lleva a un terrible sufrimiento humano, a la vez que ignora la obligación universal de proteger los derechos humanos de los migrantes forzosos".
De este informe se extrae también que numerosos estados en la región de Asia Pacífico incurren reiteradamente en la ilegalidad al negar a los inmigrantes forzosos el acceso a su territorio, expulsando a los recién llegados sin considerar sus solicitudes de asilo. Las autoridades tailandesas interceptan la entrada de los solicitantes de asilo rohingyas (de Birmania) en alta mar. Camboya, Malasia y Tailandia han devuelto a los solicitantes de asilo uigures a China antes de que se puedan estudiar sus solicitudes de asilo, y Australia, recientemente, ha retornado a Malasia a los que llegaban por mar.
Por su parte, en los últimos años, muchos países africanos intentan evitar que más desplazados crucen sus fronteras como en el caso de Kenia donde ha cerrado en repetidas ocasiones sus fronteras con Somalia a los refugiados que huyen del conflicto, a la vez que expone a los refugiados a arrestos arbitrarios, golpes y otras violaciones de los derechos humanos, incluida la deportación forzosa.
En el mismo continente, tanto Angola como Sudáfrica impiden de forma arbitraria que los refugiados que ya han cruzado un país de tránsito, como la República Democrática del Congo, Mozambique o Zimbabue, entren en sus territorios, alegando que podrían haber solicitado asilo en aquellos países.
Con el objetivo de evitarlo, Balleis ha hecho un llamamiento a los países europeos y a las naciones industrializadas para que "ayuden a las naciones en desarrollo que acogen una cifra desproporcionada de migrantes forzosos reasentando a más refugiados en las naciones más ricas y destinando más recursos técnicos y financieros a los países de acogida más pobres".
