AMP.- Consejo.- Luz verde al anteproyecto de Ley que promueve la acogida familiar frente a los orfanatos

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera lectura el anteproyecto de Ley de Actualización de la Legislación en materia de infancia, una norma inspirada en el informe realizado por la Comisión Especial de estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines del Senado y que contempla, entre otras medidas, la acogida familiar y la adopción como medidas prioritarias de respuesta para los menores de seis años en situación de desamparo.

Según ha explicado en rueda de prensa el aún vicepresidente Primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, el anteproyecto está "muy trabajado" e incorpora "un montón de sugerencias y propuestas de quienes se dedican profesionalmente" a trabajar sobre la infancia, entre las que ha destacado las aportaciones del Defensor del Pueblo, la Fiscalía y las comunidades autónomas.

El anteproyecto "trata de reforzar la protección jurídica del menor en todas las circunstancias, refuerza la prevención parta evitar el desamparo, simplifica todos los trámites de adopción y de acogida familiar y facilita que los menores de 6 años sean acogidos por familias y no vayan a instituciones", ha explicado.

Respecto al acogimiento familiar, el texto suprime el acogimiento provisional y el preadoptivo, y se diferencian los objetivos de acogimiento familiar de los de adopción. Además, posibilita que las entidades públicas atribuyan funciones de tutela a acogedores permanentes para dotar de más autonomía a la familia acogedora, al tiempo que establece un régimen de derechos y deberes de quienes acogen.

En cuanto a la adopción, se acorta el período previo establecido para la presentación de la propuesta de adopción ante el juez de un año a tres meses y permite la adopción de los mayores de 18 años por las familias que les han tenido en acogida a fin de que no pierdan la protección y puedan gozar de los mismos derechos que tienen los hijos.

Otra de las materias que aborda el anteproyecto es la regulación de los centros para menores con trastornos de conducta, que han sido puestos en entredicho por distintos informes del Defensor del Pueblo y Amnistía Internacional, entre otras entidades, por el modo en que se aplican los castigos y la medicación de los niños internos.

En este sentido, regula la exigencia de estándares de calidad para cada tipo de servicio de protección a la infancia: centros, hogares funcionales y demás, así como fija las características de estas instalaciones y establece la necesidad de diagnóstico previo y autorización judicial para el ingreso en los centros que utilicen medidas de contención y restricción de libertad.

En esta línea, limita la administración de medicamentos e intensifica la actuación de los servicios de inspección y supervisión, además de ampliar la labor del Ministerio Fiscal como garante de los derechos de la infancia.

El anteproyecto modificará el Código Civil, la Ley de Protección Jurídica del Menor y la Ley de Enjuiciamiento Civil a fin de "racionalizar, acortar y simplificar los procedimientos judiciales".

De este modo, persigue que todos los procedimientos contra las resoluciones administrativas referentes a cada menor se acumulen en el mismo Juzgado y que sea imposible ejecutar provisionalmente sentencias que se dicten en primera instancia, para evitar "constantes cambios de situaciones y residencia del menor, que originan graves consecuencias emocionales a los niños y niñas", según explica el Gobierno.