MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
Esquerra Republicaba (ERC) busca en el Congreso un acuerdo de "mínimos" con los grupos parlamentarios con el objetivo de acelerar las condiciones exigidas a los inmigrantes con trabajo que quieren acceder a regularizar su situación en España.
Los independentistas han llevado a debate, este miércoles, al Pleno de la Cámara una moción en la que piden al Gobierno que el requisito para que un extranjero opte al derecho a residencia sea contrato de trabajo de 40 horas semanales durante un mínimo de tres meses. Actualmente, la Ley de Extranjería exige que este compromiso sea de un año.
Además, el partido catalán propone que este requisito se tome en cuenta independientemente de si el empleador está o no al corriente de pago de las obligaciones fiscales y tributarias exigibles en España, si hubiera despedido a trabajadores en el último años, o si tuviera trabajadores a media jornada.
En su defensa de esta iniciativa, la diputada Ana María Surra ha denunciado que con la reforma laboral realizada en 2011 por el PP la mayoría de los trabajadores españoles cuentan con un primer contrato de prueba de tres meses, aunque posteriormente se renueve por el mismo empleador y al mismo empleado, lo que ha hecho que muchos inmigrantes no hayan podido regularizar desde entonces su situación, a pesar de tener trabajo.
Esto afecta a 400.000 personas, según ha indicado Surra, que, según ha apuntado, "trabajan en la economía sumergida o en la venta ambulante", lo que les lleva a perder muchos años en aporte a su jubilación, así como a la economía del Estado.
GARANTÍAS DE NO PRECARIEDAD
Sin embargo, la última parte de esta moción es la que más han puesto en duda los principales grupos parlamentarios, que alegan que puede llevar a favorecer el fraude por parte de las empresas. Muchos de ellos, han dejado en el aire su apoyo al texto republicano, a la espera de que ERC acepte algunas de las enmiendas que se ha registrado.
Una de ellas, es la del PSOE, cuyo texto sólo reclama al Ejecutivo soluciones para las personas que, mediante las fórmulas legales previstas, puedan acceder a autorizaciones por circunstancias excepcionales, basadas en la existencia de un contrato de trabajo.
La portavoz socialista en el debate, Miriam Alconchel, ha defendido la inmigración legal y ordenada y ha mostrado su preocupación porque la iniciativa de ERC no aporte "garantías de que no exista precariedad y un riesgo de vulnerabilidad", tanto para el migrante como para su familia. A su juicio, su propuesta garantiza mejor los derechos de estas personas.
Similar es la enmienda de Ciudadanos. El diputado 'naranja' Luis Miguel Salvador, ha abogado por políticas que ayuden a reducir las desigualdades en los países de origen, y consensuar con la UE las políticas a llevar a cabo en materia migratoria.
El PP coincide en este mensaje de política común europea y ha mostrado sus dudas ante el cambio que proponen los independentistas. La diputada Celia Alberto, ha señalado que el procesos de regulación extraordinaria puesto en marcha por Zapatero en 2005, provocó la crisis de los cayucos y ha achacado el aumento de llegadas de pateras en los últimos meses a la acogida del 'Aquarius' y el anuncio, por parte del Gobierno socialista, de la retirada de las concertinas.
UN ESTADO DE IRREGULARIDAD INSTITUCIONALIZADO
ERC ha contado con mayor respaldo por parte de Unidos Podemos. Su portavoz en esta materia, el diputado de En Comú, Marcelo Expósito, ha señalado que "facilitar las condiciones de vida a migrantes en el país" es "una cuestión de vida o muerte" y ha denunciado que los permisos cortos que se conceden en España y los largos procesos administrativos han "institucionalizado" la irregularidad como "un estado más del ciclo migratorio", incluso en aquellos casos en los que la Ley de Extranjería no considera a esas personas expulsables.
Tanto PNV como PDeCAT, han adelantado su voto favorable a la moción de ERC, que se vota en el Congreso este jueves. El representante del partido catalán, Carles Campuzano, ha puesto, además, el foco en la necesidad de hacer políticas para las segundas y terceras generaciones, aquejadas de pobreza o fracaso escolar, entre otros problemas.
Por su parte, el representante de Compromís, Enric Bataller, ha calificado de 'via crucis' administrativo el proceso que ha de pasar un inmigrante para su regularización, al mismo tiempo que se le exigen tres años de arraigo en el país mientras trabaja. Para el diputado valenciano, esto es un "caldo de cultivo" para las irregularidades laborales. Finalmente, el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, se ha mostrado favorable a dar este "tímido avance" en materia de "dignidad vital de las personas, independientemente de su origen".
