Exministro y magistrado del TC Campo avisa que la expulsión no puede ser reacción automática a la irregularidad

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha avisado este jueves de que la expulsión no puede ser reacción automática a la irregularidad.

"El gran bloque práctico es la expulsión. Aquí el Tribunal Constitucional ha construido una doctrina muy relevante: la expulsión no puede convertirse en una reacción automática frente a la mera estancia irregular, porque debe responder a un juicio individualizado de proporcionalidad y a una motivación suficiente del acto sancionador", ha asegurado en el I Congreso de Extranjería del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), celebrado este jueves en el Movistar Arena.

Si bien, ha precisado que la doctrina constitucional "no niega que la expulsión pueda ser legítima", sino que "lo que niega es que pueda imponerse de forma mecánica". "La Administración debe valorar las circunstancias personales y el conjunto del caso, y el juez no puede reconstruir a posteriori una motivación inexistente en la resolución administrativa", ha agregado.

Igualmente, ha señalado que el debate en torno a la inmigración se ha convertido en un "terreno fértil para discursos simplificadores" y "propuestas políticas que buscan convertir al extranjero en un problema o en una amenaza".

"Esta cuestión (migración) más que nunca, se ha convertido en un terreno fértil para discursos simplificadores, propuestas políticas que buscan convertir al extranjero en un problema o en un amenaza",

Frente a los discursos "simplificadores" a los que ha hecho alusión, ha explicado que la Constitución española ofrece "una guía clara". "La defensa de la dignidad humana, la igualdad y los derechos fundamentales son los pilares de la convivencia democrática, y van referidas al ser humano como ciudadano de derechos", ha recalcado.

De la misma manera, ha citado las reflexiones del Papa León XIV durante su visita a España en junio frente al drama humanitario, reclamando "vías legales y seguras para migrar". "Son palabras tremendamente importantes", ha indicado Campo.

Para Campo, la inmigración exige "esfuerzos" entre instituciones públicas, sociedad civil y los propios migrantes, orientada a la integración y no a la "mera coexistencia". "Lejos de plantearse como un problema, debe entenderse como una manifestación inherente a sociedades abiertas y dinámicas. Ello requiere políticas públicas eficaces, pero también una actitud social receptiva y responsable", ha señalado.

Del mismo modo, ha advertido de que "solo desde este equilibrio entre derechos y deberes puede transformarse la inmigración en un factor de enriquecimiento social, económico y cultural". "En definitiva, se trata de asumirla como un fenómeno propio de nuestro tiempo que, bien gestionado, fortalece la cohesión y el progreso colectivo", ha concluido.

SAIZ SOBRE LA EXTRANJERÍA: "UNA POLÍTICA DE PAÍS"

Las jornadas han comenzado con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha dado la bienvenida a los asistentes a través de un vídeo, donde ha destacado que la extranjería se ha convertido en "un tema muy relevante" y "una política de país".

"Hace escasos días se cerró el plazo de la regularización extraordinaria y hemos calculado que podría beneficiar a más de un millón de personas. Eso no es solo un dato, es la prueba de que había una realidad silenciosa que necesitaba una respuesta y de que España ha sabido darla", ha subrayado.

Además, Saiz ha agradecido la labor de profesionales, gestores administrativos y abogados de extranjería, por su acompañamiento a las personas migrantes que han accedido al proceso de regularización.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España y de Madrid, Fernando Jesús Santiago Ollero, ha hecho un llamamiento a transformar las actuales dificultades burocráticas en "oportunidades de mejorar el sistema".

Durante su intervención, ha rechazado "buscar responsables" o "señalar errores", apostando en su lugar por afrontar retos como el acceso efectivo a los trámites y las diferencias de ritmo entre las distintas administraciones. En este sentido, se ha referido a la cita previa y ha preguntado cómo "mejorar" el proceso.