El Gobierno no prevé suscribir acuerdos con terceros países para trasladar migrantes a centros de retorno fuera de la UE

   MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno no prevé suscribir acuerdos con terceros países para trasladar migrantes a centros de retorno fuera del territorio de la Unión Europea.

   "En consecuencia, cabe señalar que el Gobierno de España no prevé suscribir acuerdos con terceros países para el traslado de personas migrantes a centros de retorno fuera del territorio de la Unión Europea en los términos planteados en la propuesta. Cualquier cooperación en materia de retorno deberá ajustarse estrictamente al Derecho de la Unión Europea, al Derecho internacional y al pleno respeto de los derechos fundamentales", asegura el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria consultada por Europa Press.

   Responde así a preguntas de la diputada de Sumar Aina Vidal sobre si el Gobierno va a suscribir los acuerdos necesarios con terceros países parar deportar a migrantes a centros de retorno fuera del territorio la Unión Europea.

   Vidal también pide conocer si tiene previsto interponer un recurso de anulación del nuevo Reglamento de retornos de los nacionales a terceros países ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

   En este sentido, el Gobierno ha informado de que la propuesta de Reglamento europeo de retorno "se encuentra actualmente en proceso de negociación, en fase de trílogos entre la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo".

   Asimismo, ha defendido que, a lo largo de la negociación del nuevo Reglamento, ha partido de la premisa de que este "debe contribuir a avanzar hacia un modelo europeo de retorno eficaz y coherente con el sistema común de asilo y de gestión de fronteras, siempre desde el pleno respeto a los valores y principios fundamentales de la Unión Europea".

   Igualmente, ha manifestado "de forma clara y reiterada" sus reservas respecto a la propuesta de creación de centros de retorno en terceros países, al considerar que esta "carece de garantías jurídicas suficientes" y que "podría tener un impacto negativo en las relaciones con socios estratégicos de España".