ONG exigen al Gobierno "transparencia" sobre planes y protocolos para aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales, entre las que se encuentran Cáritas, Red Acoge o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), han exigido al Gobierno "transparencia" sobre planes y protocolos para aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Así lo han puesto de manifiesto 13 entidades sociales en un comunicado conjunto, con motivo de la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo este viernes 12 de junio.

En este sentido, recuerdan que el pacto plantea "retos importantes" en relación con la garantía de derechos de las personas migrantes y refugiadas. A ello se suma el acuerdo alcanzado el 1 de junio sobre el Reglamento europeo de Retorno, que amplía el uso de la detención e incorpora "medidas punitivas y coercitivas para intensificar las deportaciones".

"Estas normativas, junto con la revisión del concepto de tercer país seguro y la aprobación de una lista de países de origen considerados seguros, la cual incluye estados con graves deficiencias en derechos humanos, debilitan gravemente derechos y garantías consolidados", apuntan.

En concreto, nombran el derecho de asilo, la protección frente a devoluciones, el acceso a defensa jurídica efectiva, el derecho a la información y la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, y la protección al derecho a la salud integral de las personas.

En el caso español, lamentan que, a pesar de los "esfuerzos" de la sociedad civil organizada y de las poblaciones afectadas, "los espacios de interlocución pública no se han materializado en una información precisa sobre las medidas concretas que se van a llevar a cabo para adaptar el Pacto al contexto nacional".

Así, las ONG reclaman al Ejecutivo "transparencia", acceso a información de los planes, protocolos, instrucciones, recursos y reformas legislativas, entre otros mecanismos de implementación del Pacto que ahora entrarán en vigor.

También apuestan por aplicar el Pacto "de la forma más garantista posible" conforme a los derechos humanos, y en "pleno cumplimiento" con los derechos establecidos en el marco jurídico español y los compromisos internacionales.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

Además, consideran "imprescindible" garantizar "los recursos necesarios para el buen funcionamiento" del mecanismo de monitoreo de los derechos humanos que asumirá el Defensor del Pueblo. Igualmente, insisten en que se garantice la participación de la sociedad civil y que se dote de mandato para investigar y proponer sanciones en caso de violaciones de derechos humanos.

Entre las principales preocupaciones expresadas por las organizaciones figura el desarrollo de los nuevos procedimientos fronterizos, que contemplan controles de salud, identificación, toma de datos biométricos y evaluaciones de vulnerabilidad. A su juicio, la ampliación de los procedimientos acelerados de asilo "pone en riesgo el análisis individualizado, aumenta el riesgo de detención y restricciones a la movilidad, dificulta el acceso a información y asistencia jurídica, prolonga los tiempos de tramitación y favorece el uso de centros cerrados o de detención de facto, incluso para menores y personas en situación de vulnerabilidad".

Por otro lado, la nueva normativa busca acelerar y aumentar las expulsiones mediante un procedimiento único de asilo y retorno, la cooperación con terceros países y el incentivo del retorno voluntario. "Esto puede poner en riesgo el examen de otras formas de protección o residencia y afectar a los derechos fundamentales y al principio de no devolución", advierten.

De la misma manera, alertan de que la aplicación de estos conceptos puede ir en contra del interés superior de la infancia. "Es necesario evaluar individualmente el interés superior de cada niña, niño y adolescente y garantizar que sean escuchados y puedan participar en el procedimiento", exponen.

MECANISMO DE SUPERVISIÓN INDEPENDIENTE

En esta línea, ven "necesario" establecer un mecanismo de supervisión independiente "que garantice el respeto de los derechos fundamentales en la gestión fronteriza, con medidas efectivas de transparencia y rendición de cuentas". "Su creación requiere tiempo, participación regular y efectiva de las organizaciones de la sociedad civil y superar las limitaciones de los mecanismos existentes", subrayan.

Las entidades firmantes son Amnistía Internacional, Cáritas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Entreculturas, Federación Sur Acoge, Irídia-centro para la defensa de derechos humanos, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Novact, Oxfam Intermón, Red Acoge, Servicio Jesuita a Migrantes y Plataforma de Infancia.