(I-D) La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero; las portavoces del movimiento Regularización Ya, Vicky Columba y Silvana Cabrera; durante el acto ‘Regularización son derechos’, a 26 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press
MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El movimiento Regularización Ya ha elevado a más de 700.000 el número de extranjeros que podrían acceder a la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno mediante Real Decreto, cuyo trámite de urgencia ha iniciado el Ejecutivo tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos.
Así lo pone de manifiesto el movimiento en una publicación en su red social Instagram, donde ha compartido información sobre el Real Decreto y las condiciones de la regularización. "Una medida urgente y necesaria para más de 700.000 personas en situación administrativa irregular que ya forman parte de nuestra sociedad", apunta.
La estimación de Regularización Ya es superior a la ofrecida por el Gobierno, que calcula que la regularización podría beneficiar a algo más de 500.000 personas, es decir, unas 200.000 menos. No obstante, el centro de análisis Funcas sitúa la cifra total de migrantes en situación irregular en España en 840.000 personas en 2025, según sus estimaciones.
En la misma línea, Cáritas atendió en España en 2024 a 550.000 personas migrantes en situación administrativa irregular, de acuerdo con su Memoria Confederal, en la que advierte de que este número no ha dejado de crecer desde 2019.
El proceso estará dirigido a todos los extranjeros que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en nuestro país en el momento de presentar la solicitud. Estas circunstancias podrán acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.
En el caso de los solicitantes de protección internacional, bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y se pueda acreditar.
Otro de los requisitos será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público. Las personas que participen en este proceso y acrediten el cumplimiento de los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que permite una integración plena y progresiva en el sistema.
El alcance del proyecto se dirige principalmente a personas que ya se encuentran en España desde hace tiempo y que han quedado fuera de los cauces ordinarios de regularización, incluidas aquellas con solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas que no han podido acogerse a las distintas figuras de arraigo. La medida se aplicará con carácter general, sin distinción de nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos, "dando respuesta a una realidad administrativa y social existente" en España, según el Ejecutivo.
Por otro lado, el proceso permitirá la regularización simultánea de los hijos menores de las personas solicitantes que se encuentren en España, cuyo permiso será de cinco años.