MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
UNICEF España ha aplaudido la convalidación este jueves por el Congreso de los Diputados del real decreto-ley para distribuir a los menores migrantes no acompañados y ha pedido que sea "condición obligatoria" escuchar a cada menor.
"Nos parece un paso crucial en el abordaje de esta crisis migratoria ya tan dilatada en el tiempo. El desafío ahora es que se aplique con urgencia para poder garantizar lo antes posible los derechos de los niños y niñas no acompañados, sobre todo, los que se encuentran en Canarias y Ceuta dos sistemas totalmente saturados en este momento", ha precisado la especialista en migraciones de UNICEF España, Sara Collantes.
Según recuerda UNICEF, estos niños y niñas, que huyen de sus países por guerras, violencia y hambre y llegan después de "rutas durísimas", se encuentran al llegar con una situación "paradójica" cuando debido a la saturación, el sistema de protección de la infancia, "en vez de protegerles termina generándoles desprotección e incumplimiento de sus derechos".
Por ello, la ONG de infancia considera "fundamental" que se establezcan "lo antes posible" los criterios de aplicación del plan de respuesta contemplado en el Real Decreto que permita realizar los traslados "con todas las garantías jurídicas y el máximo nivel de protección".
Además, UNICEF España exige que este plan incluya como "condición obligatoria escuchar a los niños, niñas y adolescentes para evaluar el interés superior de cada uno y detectar necesidades especiales".
También considera necesario que las comunidades autónomas creen "nuevos recursos en todos los tipos de modalidad de cuidados", tanto residencia como acogimiento en familia, cuando no cuenten con las plazas necesarias para afrontar la llegada de los niños y niñas asignados. El sistema, según precisa la ONG, permite una ampliación de plazas "que tiene que ir acompañada con la financiación adecuada y suficiente por parte de la Administración General del Estado".
Según UNICEF, para que este cambio se implemente tiene que haber "cooperación institucional y corresponsabilidad" de la Administración General del Estado, de todas las comunidades autónomas, pero también de la Fiscalía, de los ayuntamientos, del sistema educativo y salud para que se garantice el acceso a los servicios esenciales.
"Estos traslados pueden cambiar la vida de estos niños y niñas si las entidades locales, las escuelas y los centros sanitarios también se implican para asegurar su pleno acceso a estos servicios esenciales como pilar fundamental de sus derechos y de su inclusión social y comunitaria", ha asegurado Collantes.