Aigua és vida deplora el inicio de 72.000 procesos para cortar el agua en Barcelona

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Aigua és Vida, que aglutina a entidades ecologistas y vecinales, deplora, con motivo del Día Internacional del Agua, que durante 2012 se hayan iniciado 72.000 procesos de corte de suministro de agua en el área metropolitana de Barcelona, frente a los 27.000 del año anterior.

La entidad ha presentado un manifiesto en el que lamenta que no dispone del porcentaje de los expedientes que acaban ejecutándose, aunque considera que las cifras sí demuestran "no solo la crueldad de la crisis, sino también la insensibilidad de la gestión privada" de un bien que considera un derecho humano.

En declaraciones a Europa Press, un portavoz de la plataforma ha criticado la "total opacidad" en torno a estas cifras, por lo que ha presentado un escrito al Parlament.

Aigua és Vida presentó en febrero un informe ante la Fiscalía Anticorrupción contra la creación de la sociedad mixta para la gestión del ciclo del agua constituida por la empresa Agbar y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), una iniciativa que ha sido admitida a trámite, ha asegurado el portavoz.

La sociedad mixta también fue llevada a los tribunales por la Generalitat por invasión de competencias, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado esta semana la petición de suspender cautelarmente la sociedad mixta.

También este viernes, CC.OO y UGT han reiterado su compromiso con la campaña europea en defensa de la gestión pública del agua, por lo que impulsarán la presentación de resoluciones municipales defendiendo el derecho de acceso a este bien.

La Federación de Sindicatos Europeos de Servicios Públicos recoge desde octubre pasado firmas en diferentes países para instar a la Comisión Europea a elaborar una ley que blinde el agua como "derecho humano" y la aleje a su vez de una consideración mercantil.

La idea parte de una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), que aspira a recoger un millón de firmas repartidas en al menos nueve estados para que el Parlamento Europea tenga en cuenta la propuesta; y en el caso de España la campaña está coordinada por CC.OO. y UGT, que deben recoger un mínimo de 50.000 rúbricas.