MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha solicitado un dictamen urgente del Consejo de Estado sobre la consulta aprobada por el Ejecutivo canario en relación a las prospecciones petrolíferas en sus costas. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha precisado que se han pedido el dictamen de cara a los oportunos recursos e impugnaciones ante el Tribunal Constitucional.
Sáenz de Santamaría, ha hecho el anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El dictamen solicitado se refiere al decreto aprobado por el ejecutivo canario el 25 de septiembre pasado en el que se da luz verde al reglamento de consultas a la ciudadanía "en asuntos de interés general de competencia de las comunidades".
El informe pedido por el Gobierno al Conejo de Estado se refiere también a otro decreto aprobado el 2 de octubre por el gabinete presidido por Paulino Rivero por el que se convoca la consulta ciudadana para el 23 de noviembre. Santamaría ha recalcado que se ha pedido ese dictamen urgente para que sea emitido antes del día 24 de octubre.
El presidente canario Paulino Rivero anunció el mismo 2 de octubre la pregunta de la consulta que pretende formular a los ciudadanos:
"¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?".
Rivero lo enmarcó en la Ley de Participación Ciudadana de 2010, cuyo desarrollo se ha impulsado con los citados decretos que regulan el Registro de Participación Ciudadana y las consultas a la ciudadanía en asuntos que sean competencia de la Comunidad Autónoma.
Rivero recordó que en febrero, el Parlamento de Canarias aprobó "mayoritariamente" solicitar al Gobierno central un referéndum sobre las prospecciones petrolíferas, posibilidad que recogen, en su opinión, la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el propio reglamento de la Cámara regional para asuntos que tienen "gran trascendencia" en las islas, especialmente ahora, cuando hay "serias discrepancias" entre administraciones.
En esa línea, subrayó el apoyo "unánime" del Consejo Consultivo de las islas, lo que da "fortaleza normativa" a la decisión adoptada por el Ejecutivo regional, y destacó que la "fuerza" del Gobierno viene dada por el "compromiso" de partidos políticos, instituciones y colectivos ciudadanos.
