La organización recuerda que Pablo Ibar y Nabil Manakli siguen condenados a muerte en EEUU y Yemen
MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha instado a los gobiernos de todo el mundo a votar en favor de una resolución de Naciones Unidas para la suspensión mundial de las ejecuciones, que se debatirá durante el actual período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, según indica un comunicado de la organización difundido con motivo de la celebración, este miércoles, del Día Mundial Contra la Pena de Muerte. Asimismo, recordó que en la actualidad hay dos ciudadanos españoles condenados a muerte en el mundo: Pablo Ibar, en Estados Unidos, y Nabil Manakli, en Yemen.
A juicio de la organización, el apoyo "inequívoco" de la Asamblea General a la suspensión mundial de las ejecuciones sería "un impulso fundamental a la campaña en favor de la abolición de la pena de muerte". Asimismo, tendría "un peso moral considerable y un valor incalculable como instrumento de presión" para que los Estados que mantienen la pena de muerte cambien su actitud.
"La resolución por sí sola no impedirá que un Estado lleve a cabo una ejecución, pero tendrá la gran autoridad moral y política que representa una presión internacional común", declaró el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.
Este nuevo período de sesiones "supone una oportunidad histórica para dar un paso firme hacia la abolición", afirmó AI. "Los gobiernos deben respaldar esta resolución y dar así un importante paso hacia el objetivo de acabar con la pena de muerte", continuó Beltrán.
Según Amnistía, que en su comunicado condenó las 15 ejecuciones llevadas a cabo el pasado domingo en Afganistán, en el mundo están descendiendo las ejecuciones, pero las cifras "siguen siendo alarmantes".
LAS ESTADÍSTICAS
Las estadísticas que maneja Amnistía Internacional muestran un descenso en los índices de ejecuciones documentadas en todo el mundo, de 2.148 en 2005 a 1.591 en 2006. No obstante, las cifras reales en ambos periodos son superiores a las que la organización ha podido verificar, ya que muchos Gobiernos ejecutan la pena capital de manera secreta y no publican datos oficiales.
En estos momentos, afirma AI, 90 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos, otros 11 para delitos comunes, y 32 son considerados abolicionistas de hecho. Es decir: 133 países del mundo son territorio libre de la pena de muerte, por 64 que retienen la máxima pena en sus leyes. Y varios países más están a punto de abandonar la pena capital.
Sólo 25 naciones llevaron a cabo ejecuciones durante 2006. El 91 por ciento de todas las ejecuciones de las que se tuvo noticia fueron efectuadas en seis países: China, Irán, Pakistán, Irak, Sudán y Estados Unidos. En el continente americano sólo ha habido ejecuciones en Estados Unidos desde 2003.
Europa es una zona prácticamente libre de la pena de muerte, "con la vergonzosa excepción de Bielorrusia", según Amnistía. En África, sólo seis Estados llevaron a cabo ejecuciones en 2006. En Ruanda, el Parlamento aprobó legislación para abolir la pena de muerte en julio de 2007.
Sin embargo, advierte de que, a pesar de las buenas noticias, "no todo el camino está andado". "Lamentablemente", prosiguió la organización, se ha vuelto a abrir el debate en algunos países que habían renunciado a las ejecuciones, como ha ocurrido recientemente en Guatemala y Perú, o se han defendido peligrosas posturas como la de Polonia, que ha intentado impedir que se celebrara el Día Europeo contra la pena de muerte.
CHINA, IRÁN, EEUU E IRAK
En China, Amnistía Internacional calcula que durante 2006 fueron ejecutadas al menos 1.010 personas, aunque se cree que las cifras reales son muy superiores. Fuentes solventes sugieren que en 2006 fueron ejecutadas entre 7.500 y 8.000 personas. Sin embargo, las estadísticas internas sobre condenas a muerte y ejecuciones siguen clasificadas como secreto de Estado.
Las autoridades chinas siguen imponiendo y ejecutando la pena de muerte por 68 delitos, entre ellos algunos no violentos, como delitos económicos relacionados con drogas y corrupción. Se aprecia una tendencia positiva que podría reducir las ejecuciones y que puede estar relacionada con la celebración de los Juegos Olímpicos el verano que viene.
En cuanto a Irán, el pasado 5 de septiembre 21 personas fueron ejecutadas, con lo que el número de ejecuciones registradas por la organización en este país este año asciende a 210. En 2006 se constataron 177 (el doble que en 2005), pero es probable que la verdadera cifra de ambos años sea aún mayor, ya que no se publican datos oficiales. Entre las personas ejecutadas este año figuran al menos dos que eran menores en el momento del delito por el que fueron condenadas y un caso de lapidación.
En Estados Unidos, aproximadamente 3.250 hombres y 50 mujeres están condenados a muerte. En 2006 se llevaron a cabo 53 ejecuciones. Pese a estas cifras, la pena capital en Estados Unidos está "en su lecho de muerte", según declaró el pasado 16 de diciembre el secretario general del Consejo de Europa, Terry Davis, citado en el comunicado de Amnistía.
En este país, según AI, "hay señales que permiten el optimismo". Por ejemplo, la decisión de Jeremy Fogel, juez federal norteamericano que impuso una moratoria a las ejecuciones en febrero de 2006 en California, por temer que la inyección letal cause grandes dolores antes de provocar la muerte, acaba de emitir otra sentencia en la que confirmaba sus sospechas.
Además, el Tribunal Supremo ha aceptado analizar si esta forma de ejecución viola la Octava enmienda de la Constitución, que prohíbe los castigos crueles. Sin duda son pasos que propician el debate sobre la pena de muerte en una sociedad que la apoya mayoritariamente.
Amnistía lamenta también que Irak ha sido uno de los países con mayor número de ejecuciones registradas en 2006, alcanzando la cuarta posición, por detrás de China, Irán y Pakistán.
ESPAÑOLES CONDENADOS
En su comunicado, Amnistía recordó los casos de los dos españoles que siguen condenados a muerte. Uno de ellos es Pablo Ibar, sentenciado a la pena capital en el año 2000 y encarcelado desde 1994. La vida de Pablo Ibar depende del recurso que su nuevo abogado prepara para intentar que el juicio en el que fue condenado sea declarado nulo y vuelva a ser juzgado.
El pasado 7 de septiembre de 2006, el Tribunal Supremo de Florida denegó a Pablo Ibar su petición de que se celebrara un nuevo juicio. Esto hace que tenga que replantearse su estrategia de defensa. La preocupación sobre el caso se centra en saber si se violaron derechos constitucionales tales como el derecho a una defensa activa, o si se omitieron pruebas y testigos claves. También preocupa la validez de las pruebas presentadas en su contra, basadas en identificaciones dudosas.
Nabil Manakli, ciudadano español de origen sirio, fue detenido el 18 de agosto de 1997 en Yemen, acusado de planear actos de sabotaje y asesinatos por un atentado con bomba ocurrido en Adén en julio de ese año. Fue inculpado junto con 27 personas más, algunas de las cuales, incluido él, fueron torturadas, según informes, para que confesaran. Desde el 11 de septiembre de 2003 está en riesgo inminente de ejecución.
Han intervenido por él la Casa Real, el Gobierno anterior y el Gobierno actual. Durante su visita a Yemen en abril de 2006, el Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, planteó la conmutación de la condena a muerte a Manakli. Su homólogo yemení aseguró a la prensa que "Yemen había decidido tomar en consideración la petición española". Sin embargo, a día de hoy no se han recibido novedades y el Gobierno español debe seguir mostrando su preocupación por este caso.
