PALMA DE MALLORCA, 14 May. (EUROPA PRESS) -
Uno de cada tres ciudadanos de Baleares opina que los inmigrantes ilegales que lleguen a las islas deben ser devueltos a sus países de origen "sin dilación", cuestión que más debate ha suscitado en los últimos días después de que a finales de abril la Guardia Civil detuviese a 34 argelinos que llegaron a las costas de Mallorca a bordo de una patera.
Según el estudio publicado hoy por Gadeso acerca de la percepción de la sociedad balear sobre la inmigración, un 42 por ciento de la población, por su parte, exige la intervención de la Unión Europea para solucionar este problema, mientras que una minoría considera "imprescindible" colaborar en el desarrollo de sus países para disminuir o erradicar la inmigración ilegal.
Mientras tanto, más de la mitad de la ciudadanía balear --el 53 por ciento-- sostiene que los extranjeros que todavía viven y trabajan en la Comunidad Autónoma de forma irregular deberían ser expulsados, al considerar que continuar regularizándolos "no es la solución" y provocará a su vez la llegada de más inmigrantes en similares condiciones.
No obstante, el 35 por ciento de los entrevistados piensan que deben ser legalizados siempre que cumplan determinadas condiciones, como las relacionadas con el trabajo y el arraigo, y creen que la regularización es el camino para combatir la economía sumergida y la falta de derechos y deberes de estas personas.
El informe de Gadeso recuerda que de febrero a mayo de 2005 se produjo un proceso "extraordinario" de regularización de inmigrantes con el objetivo de legalizar la situación de las personas que ya vivían y trabajaban en España, respecto a lo cual un 58 por ciento de los ciudadanos de las islas considera que este proceso ha provocado un "efecto llamada", con la llegada de nuevos inmigrantes ilegales a Baleares provocada por las posibilidades de legalización derivadas.
Al mismo tiempo, uno de cada tres personas de las islas considera que la legalización de las condiciones de estas personas es un hecho "de simple justicia", que comporta diversos beneficios para las islas, como la disminución de la economía sumergida y, por tanto, el aumento de personas cotizando a la Seguridad Social.
Otro de los datos revelados por la encuesta señala que el 79,3 por ciento de la población cree que si un inmigrante comete un delito grave debería ser expulsado "de inmediato" del país, opinión expecialmente relevante en Mallorca y Menorca. Mientras, el 46,5 por ciento afirma que los sueldo de los trabajadores autóctonos disminuye con la llegada de inmigrantes que trabajan y viven en España.
Por último, el estudio explica que el 56 por ciento de la sociedad balear piensa que la mayoría de los inmigrantes no se quieren adaptar a las costumbres de las islas, mientras que el 40 por ciento sostiene que los extranjeros no tienen oportunidades reales de integración económica, social y cultural. Asimismo, más de la mitad de la población de Mallorca e Ibiza sostiene que los inmigrantes que viven en las islas son "demasiados".
