Actualizado 10/04/2007 15:42

CEAR denuncia al Gobierno ante la Audiencia Nacional por los 23 extranjeros del Marine I que permanecen en Mauritania

Llevan retenidos ya 60 días por fuerzas de seguridad españolas, cuando en España no podrían superar los 40 días de internamiento


MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha interpuesto recurso un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por considerar que la Administración española ha vulnerado los derechos fundamentales de los 23 extranjeros que viajaban en el buque Marine I y que permanecen ya dos meses retenidos en Mauritania, según informó hoy esta ONG en un comunicado.

"Estas personas se encuentran detenidas bajo custodia de las autoridades españolas y sin embargo no se les está aplicando la legislación de nuestro país", advierte la organización humanitaria.

La Audiencia Nacional, según CEAR, ha desestimado la petición de la organización de que se aplique una medida cautelarísima extraordinaria que suspendiera una posible repatriación a sus países de origen o el traslado a un tercer país de estas 23 personas y procediera a su traslado a España ante los "claros indicios" de que pueden necesitar protección internacional. El Alto Tribunal entiende que este traslado no es inminente y está estudiando una medida cautelar ordinaria.

A juicio de CEAR, el Gobierno está actuando en un espacio fuera del territorio español en el que no se están aplicando las garantías del Estado de Derecho. En este sentido, recuerda que estas 23 personas permanecen detenidas por las fuerzas de seguridad española desde hace más de 60 días, cuando la Ley de Extranjería señala un máximo de 40 días de retención.

"Ninguna autoridad judicial ha intervenido en el proceso, y los detenidos no han contado con asistencia de abogado. Se ha vulnerado también su derecho al asilo, porque no han podido acceder al procedimiento de peticición de asilo con plenas garantías", añade.

RESPONSABILIDAD DIRECTA DE ESPAÑA.

Igualmente, recuerda que España tiene una responsabilidad directa respecto a las personas que fueron interceptadas y desembarcadas del Marine I. Así, señala que el barco de Salvamento Marítimo que rescató el buque pertenece a la Administración española, son agentes de seguridad españoles los que custodian a los inmigrantes en Nuadibú, y se ha trasladado a 35 ciudadanos subsaharianos primero a Cabo Verde y luego a Guinea Conakry merced a un acuerdo firmado entre España, Mauritania y Guinea.

Asimismo, indica que ha sido el Gobierno español el encargado de los vuelos de retorno a India y Pakistán, y el que, según CEAR, ha expulsado a nueve solicitantes de asilo que después de ser desembarcados del Marine I fueron trasladados a Gran Canaria y devueltos a Sri Lanka.

"Por tanto, estas 23 personas están bajo la responsabilidad de la Administración española independientemente del lugar donde se encuentren, y por tanto ésta debe cumplir la normativa española --recalca--. No es permisible que agentes españoles, enviados oficialmente por las autoridades competentes de su país, detengan en un tercer país a personas, y limiten su derecho a la movilidad sin control judicial".

Finalmente, subraya que su repatriación su repatriación a Cachemira podría suponer una vulneración del principio de no devolución establecido en la Convención de Ginebra de 1951. Según este principio, se prohíbe poner a un posible solicitante de asilo y refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad corra peligro.

"Los testimonios de los 23 hombres que se encuentran en Nuadibú y que han recogido personal de Médicos del Mundo, contienen indicios suficientes para pensar que estas personas pueden necesitar protección internacional", concluye CEAR.