El Cermi de Extremadura es "pionero" en España en ofrecer un servicio de asesoría jurídica gratuita a discapacitados

MÉRIDA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Extremadura es "pionero" en España en ofrecer un servicio de asesoría jurídica gratuita que está funcionando en Mérida desde el mes de septiembre.

El secretario general del Cermi estatal, Luis Cayo, señaló en rueda de prensa que la puesta en marcha de un servicio de estas características destinado a los discapacitados supone una satisfacción.

Luis Cayo indicó que en los últimos años los discapacitados han conseguido un marco jurídico "actual, moderno, protector, garantista" que "queda en la ley" porque en el día a día --dijo-- se observan actos de "discriminación constantemente".

Al respecto, se refirió a modo de ejemplo al hecho de que no dejen entrar a una persona con discapacidad en una discoteca o sala de fiesta, entre otras. Por ello, apuntó que el ordenamiento jurídico que existe en la actualidad "es aceptable" pero en la práctica los derechos "a veces son nominales".

Para el secretario general del Cermi hay que proceder a la "activación" del derecho, lo que se puede llevar a cabo conociendo los recursos que existen en cuestiones como el acceso laboral o de fiscalidad, entre otras.

Añadió que las personas deben saber que los derechos están para "exigirlos" y las leyes para "cumplirlas". Por ello, el Cermi pondrá a disposición de los discapacitados información "concreta" para que hagan "reales sus derechos".

SERVICIO "MUY NECESARIO".

Por su parte, el presidente del Cermi en Extremadura, Jesús Gumiel, explicó que el servicio de asesoría se puso en marcha a principios de septiembre y en este mes han descubierto que era "muy necesario" dar dicha atención a las personas con discapacidad.

Jesús Gumiel subrayó que "existía una gran necesidad" de asesoramiento jurídico en relación con los discapacitados, ya que había "una laguna al no existir".

En cuanto a la financiación de la asesoría jurídica para discapacitados corre a cargo de la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura.

El presidente del Cermi en la región explicó que el abogado al frente de dicha asesoría es Alfonso Cortés, un discapacitado sensorial pero "perfectamente capacitado" para realizar sus funciones. El servicio se prolongará hasta finales de año y su continuidad dependerá de que la Administración regional le vuelva a conceder las ayudas económicas.

Por su parte, el asesor jurídico Alfonso Cortés señaló que en el mes que lleva funcionando el servicio ha recibido consultas "diversas" como cuestiones administrativas de información de plazos para, por ejemplo, interponer recursos de amparo, así como sobre el derecho laboral o acerca de la obtención de una incapacitación judicial, entre otras.

En cuanto al perfil de las personas que han utilizado durante este tiempo el servicio tienen entre 35 y 45 años. Añadió que la mayoría de las llamadas procedían de ciudades como Mérida y Badajoz, ya que en las zonas rurales hay "mucha desinformación".

Por ello, con el objetivo de informar a los discapacitados que residen en zonas rurales de Extremadura, el presidente del Cermi en la región adelantó que se va a presentar en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias extremeños (Fempex) un díptico que se hará llegar a los ayuntamientos para que conozcan la existencia de dicho servicio e informen en sus poblaciones sobre ello.

Por otro lado, Luis Cayo explicó que en el Cermi estatal se observa a través de las consultas que llegan la "problemática real" de las personas con discapacidad en España que representa, dijo, sobre un 10 por ciento.

Apuntó que el índice "mayor" de preguntas y quejas están relacionadas con la propiedad horizontal, es decir, con las obras y actuaciones de accesibilidad que se tienen que hacer en los bloques de vivienda en los que residen personas con discapacidad.

Al respecto, explicó que las quejas recibidas respecto a dicha cuestión ha provocado que el Cermi nacional presente al Gobierno una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que "espera que salga en esta legislatura" con la que "será obligatorio" para las comunidades de propietarios la realización de obras necesarios donde haya un vecino con discapacidad mayor a 70 años.