España trabaja para que Marruecos y Argelia construyan una estrategia común contra la inmigración irregular.
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobó hoy, a propuesta del ministro de Justicia, un anteproyecto de Ley que permitirá a jueces y fiscales perseguir fuera de las fronteras españolas a las mafias que trafican con personas y promueven la inmigración clandestina. Así, el texto modifica el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para incorporar el tráfico de personas o inmigración clandestina como delito de jurisdicción universal.
De esta forma se equipara a otros delitos, como el terrorismo, el genocidio, la piratería, la falsificación de moneda extranjera, los delitos relacionados con prostitución y corrupción de menores, el tráfico de drogas y la mutilación genital femenina, según explicó hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
En la actualidad, los tribunales españoles no tienen jurisdicción extraterritorial para la instrucción y enjuiciamiento de este tipo de hechos, salvo si el tráfico de seres humanos detectado en aguas internacionales está orientado a la explotación sexual de los mismos.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado solicitar un informe con carácter de urgencia, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal sobre el anteproyecto aprobado hoy.
"Es un tipo de criminalidad trasnacional que atenta a valores fundamentales, que se aprovecha de las condiciones más extremas de los seres humanos más desvalidos, sometiéndolos a una doble explotación --explicó De la Vega--. Es objetivo prioritario del Gobierno combatir a las mafias que trafican con seres humanos, que se enriquecen a su costa y promueven su explotación".
LA SITUACIÓN HA MEJORADO "NOTABLEMENTE".
En todo caso, precisó que la llegada de inmigrantes clandestinos a las costas españolas ha mejorado "notablemente" respecto del mismo periodo del pasado año, ya que el número de inmigrantes indocumentados que han arribado ha descendido un 67 por ciento.
En este sentido, explicó que el Ejecutivo ha analizado un informe de los ministerios de Exteriores, Interior y Justicia, sobre las relaciones de España con el norte de África que evidencia que la existencia de redes de tráfico de personas cada vez más eficaces es un reto que exige intensificar la cooperación regional.
"Argelia y Marruecos son los dos principales países de la región que tienen que afrontar y encarar una estrategia conjunta y en ello estamos trabajando --aseguró--. La labor de España, por supuesto, es ayudar y participar a conseguir esa estrategia común. Hasta donde sea posible, España va a atender las demandas de cooperación y asistencia técnica que estamos recibiendo en todos los países del Magreb".
De la Vega recordó que en los últimos meses se han concedido subvenciones extraordinarias a Marruecos y a Mauritania para el control de fronteras y se ha donado material a Mauritania y Senegal. Además, el Gobierno aprobó hoy un crédito FAD de 100 millones de euros a Marruecos para la construcción de una central eólica al sureste de Tánger, y otro crédito FAD de 10 millones de euros para los hospitales de Ghana.
"Las rutas de ilegales se han deslizado hacia la fachada atlántica del continente africano. Sabemos que en las próximas semanas pueden seguir llegando nuevas embarcaciones. No podemos cerrar los ojos al problema, necesitamos someterlo a un análisis continuo", advirtió.
Por ello, insistió en que se ha incrementado todo tipo de medios y suscrito acuerdos con Argelia, Marruecos y Mauritania de extradición, asistencia jurídica en materia penal, repatriación de menores, fortalecimiento y modernización de la justicia, asistencia a detenidos y traslado de personas condenadas, así como de asistencia judicial en materia penal y de cooperación en materia civil y mercantil.
"Hoy tenemos un magistrado de enlace en Marruecos y se va a prolongar probablemente su jurisdicción a Mauritania --agregó--. Y, en estos momentos empieza a haber una cooperación judicial y policial de España con todo el Magreb que esperemos que se traduzca en una mayor eficacia en la lucha contra la criminalidad organizada".
Igualmente, recordó que ya hay siete agregados de Interior en el Magreb y siete en el África occidental, y que se están suscribiendo acuerdos de ámbito judicial y policía con Cabo Verde y Senegal, además de uno de seguridad y de lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada que se está negociando con Argelia. Otros convenios con Gambia, Guinea Conakry y Cabo Verde.
SANCIONES PENALES A EMPRESARIOS Y PARTICULARES.
Respecto al trabajo, en Europa subrayó que España está trabajando en la directiva europea que prevé la imposición de sanciones penales para todos los empresarios y particulares que contraten inmigrantes en situación irregular porque es una "importante herramienta" de lucha contra la ilegalidad.
Igualmente, recordó que esta misma semana el vicepresidente de la Comisión, Franco Frattini anunció que ha dado órdenes para reforzar la vigilancia de la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX) en Canarias. "Nuestros socios europeos se han comprometido a poner a disposición de FRONTEX de manera estable 116 buques, 27 helicópteros y 21 aviones --afirmó--. Además, el comisario europeo aboga por que, como lo hace España, la misión de FRONTEX en Canarias, sea permanente y no haya que ir renovándola de manera puntual".
