MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo recibió en 2006 un "cierto número de quejas" relativas a episodios de violencia en el medio escolar que, aunque "no representan cifras muy altas" en el conjunto de las relacionadas con la Educación, significan un "incremento notable" respecto a la "inexistencia" de ejercicios anteriores y a pesar de la "leve reducción" de estos casos detectadas en su último informe específico sobre esta cuestión.
En general, la institución que dirige Enrique Múgica destaca que la violencia en los centros docentes y en su entorno próximo está siendo "enfrentada" a través de medidas "eficaces y adoptadas con la necesaria inmediatez", todo lo cual contribuye --a su juicio-- a evitar su cronificación y la aparición de situaciones de acoso "que tan negativas repercusiones tienen en los alumnos afectados y en el entorno escolar".
En su memoria anual de 2006, a la que tuvo acceso Europa Press, el Defensor del Pueblo recuerda que en su estudio monográfico sobre esta cuestión presentado este año y que venía a actualizar el de 2000 se pone de manifiesto que la "creciente" preocupación social que suscita el fenómeno permite hablar de una "leve reducción" de la violencia en el entorno escolar. Así, celebra que el panorama del maltrato entre iguales por abuso de poder ha mejorado en estos años.
Tanto las respuestas de los alumnos como las de los profesores ponen de manifiesto que la incidencia del maltrato ha tendido "claramente a disminuir", especialmente en aquellas conductas abusivas más frecuentes y menos graves. También disminuyen --recuerda esta institución en su informe anual-- los porcentajes declarados de víctimas de otras conductas más graves, como la agresión física indirecta o el acoso sexual.
DISFUNCIONES DE ATENCIÓN HIGIÉNICA A NIÑOS.
En otro orden de cosas, alertó de "numerosas disfunciones" en la atención higiénica y la realización de los cambios de vestuario que precisan los alumnos de tres a seis años (segundo ciclo de Educación Infantil) escolarizados en colegios de Infantil y Primaria, al no contemplar ninguna de las normativas vigentes "la dotación a estos centros de personal específicamente encargado de este cometido, ni encomendar expresamente a los maestros su realización".
Tras señalar la "obligación" de estos centros de atender las necesidades higiénicas de los menores durante su estancia en los miembros, argumenta que deben asumir por encomienda de los padres la responsabilidad de estos niños, tanto en procurar su bienestar físico y psíquico como atender su educación y formación integral, teniendo en cuenta los condicionamientos específicos que se derivan de la edad. Así, reclama una solución "inmediata" a esta necesidad.
En relación también a esta etapa educativa, el Defensor del Pueblo destaca en su documento anual la existencia de quejas que aluden a "disfunciones-insuficiencia o inadecuada distribución" relacionadas con la oferta de plazas escolares para niños de tres años que realizan determinadas administraciones educativas.
Sobre el ámbito universitario, detecta una dificultad en la "interpretación uniforme" de la normativa respecto de los requisitos académicos y procedimentales de acceso a la Universidad por cada una de las instituciones universitarias obligadas a aplicarlas pero reconoce la tendencia "decreciente" en el número de quejas por la adopción de las primeras medidas paliativas.
"FELIZ DESCENSO" DE RECLAMCIONES POR BECAS.
Además, el Defensor del Pueblo reconoce un "feliz descenso" en la cifra de reclamaciones presentadas sobre los programas de becas y ayudas al estudio convocadas por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) gracias al "progresivo crecimiento de las inversiones". No obstante, las quejas recibidas coinciden respecto a convocatorias anteriores en los aspectos más cuestionados: la valoración que los órganos de selección realizan de la situación económico-familiar del aspirante.
Respecto al grado de implicación de los poderes públicos en esta cuestión, la mayor parte de las quejas analizadas por esta institución se refieren a distintas discrepancias de los solicitantes con los criterios exigidos en las convocatorias de ayudas de las comunidades autónomas o de las propias universidades o con algún trámite procedimental de la selección de solicitudes.
