La Diputación de Castellón propondrá que no se reabra el Castor si los expertos no dan "plenas garantías" de seguridad

CASTELLÓN, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Castellón propondrá en el próximo pleno ordinario del mes de octubre que se investiguen "en profundidad" las consecuencias que pueda acarrear la actividad del proyecto Castor sobre el territorio del norte de la provincia y exigirá que no se retome si los expertos que están analizando el problema no dan "plenas garantías" de que no hay peligro para la población, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

Así lo ha anunciado el portavoz del grupo 'popular' en la institución provincial, Miguel Barrachina, al asegurar que "lo primero es la seguridad de las personas, pues ningún proyecto puede ponerla en peligro aunque genere beneficios".

En esta línea, ha explicado que la Diputación está del lado de los vecinos "que, lógicamente, han expresado su preocupación ante los más de 300 seísmos que se han producido en los últimos días, especialmente tras saber que hay una relación directa entre ellos y la inyección de gas frente a la costa del Maestrat, y que el informe de impacto ambiental no tenía ningún condicionamiento sobre problemas sísmicos".

POSIBLES RESPONSABILIDADES LEGALES

Barrachina ha señalado que en el texto que llevarán al pleno se incluirá, además, la posibilidad de exigir responsabilidades legales a los ministros responsables de la tramitación y las autorizaciones, así como a la empresa, "si las inspecciones ahora en marcha confirman que no se daban las garantías suficientes para la autorización del Gobierno en 2010".

Al respecto, ha confiado en que todos los grupos de la Diputación apoyen esta propuesta "que pretende salvaguardar la seguridad de los miles de vecinos afectados por los seísmos".

La Diputación ha considerado que la Fiscalía de Castellón, que ha abierto diligencias de investigación penal, ha "reforzado" el anuncio del presidente de la institución provincial, Javier Moliner, que este jueves aseguró que denunciará a los exministros socialistas Cristina Narbona, Elena Espinosa, Miguel Sebastián y Joan Clos "si los expertos determinan que hubo negligencia en el proceso de tramitación y adjudicación del Castor".

La institución provincial ha destacado que el procedimiento administrativo que llevó a la concesión de la licencia para el almacenamiento subterráneo frente al litoral de Vinaròs, "que era de competencia exclusiva del Gobierno de España, fue iniciado en 2007, bajo la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y con los ministros Joan Clos y Cristina Narbona al frente de las carteras de Industria y Medio Ambiente respectivamente".

Las primeras concesiones y licencias llegaron con el "visto bueno" del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y de Medio Ambiente, Elena Espinosa, desde el 16 de mayo de 2008 hasta el 10 de junio de 2010, también bajo el Gobierno del presidente socialista Rodríguez Zapatero.

"Todo este proceso administrativo impulsado desde el Gobierno fue auspiciado con el reiterado apoyo y visto bueno de la Subdelegación del Gobierno, bajo la dirección de Antonio Lorenzo, y con el apoyo decidido del Ayuntamiento de Vinaròs, gobernado también por el socialista Jordi Romeu, elegido por el tripartito conformado por PSOE, PVI y Bloc", ha añadido la Diputación.