SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Jul. (EP/IP) -
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, anunció hoy que ordenará abrir una investigación acerca de la situación de los centros de emergencia de acogida de menores extranjeros no acompañados en las islas.
La ONG Human Right Watch (HRW) difundió hoy un informe que denuncia las "palizas" y los "tratos vejatorios" que, supuestamente, propinan los trabajadores de esos centros a los menores recluidos al tiempo que cuestiona el perfil de su personal. HRW solicita el cierre de los centros pero la consejera matizó que la denuncia "ya fue estudiada en su momento por la Fiscalía y no encontró nada de lo denunciado". Además, el "Gobierno canario dispone de otros informes" que desmienten la versión de la ONG.
"Como mínimo, yo iré a verlos, a ver cómo están", aseguró Rojas en referencia a los menores extranjeros no acompañados. "Pero quiero ser exquisita y rigurosa con la información que daremos desde la consejería", señaló de forma reiterada. La consejera prometió hacer "todo lo que sea necesario y con total claridad" en relación a este asunto.
Rojas "rogó" a las ONG que "sean más exquisitas a la hora de dar determinadas informaciones sobre menores, especialmente sobre los que tienen el problema añadido de ser inmigrantes", en alusión a HRW. "Esa organización pide el cierre de los centros de emergencia y yo estoy de acuerdo: ojala que no hubiera hecho falta abrirlos", lamentó.
La titular de Bienestar Social advirtió que "las cosas hay que demostrarlas y comprobarlas primero para luego hacerlas públicas porque no es lo mismo demostrar mi inocencia a demostrar mi culpabilidad". Sobre la rigurosidad del informe, la consejera apuntó que "los canarios necesitan escuchar la verdad con datos fiables y reales; no que alguien saque un anuncio y ahora todo el mundo salga a correr a ver si el anuncio es verdad o no. Vamos a ser rigurosos nosotros también".
Tras aclarar que "no cree" que el que el informe sea "tendencioso", ya que "esa ONG tiene cierto prestigio y no creo que se lo haya ganado a base de dar informaciones de este tipo", Rojas puntualizó que el Gobierno está "preocupado" por el asunto. Recordó que la Dirección General del Menor "en su momento actuó" y que los informes que tiene el Ejecutivo es que la Fiscalía "no encontró nada" de la situación denunciada.
La consejera criticó que el contenido del informe de HRW "se debió comunicar antes de hacerlo público y la ONG debió verificar con el Gobierno de Canarias si la situación había cambiado o seguía siendo la misma". Según apuntó la consejera, HRW se dirigió a la Dirección del Menor "como tres o cuatro meses después de haber elaborado ese informe". Fue la Dirección del Menor quien puso en conocimiento de los hechos a la Fiscalía.
La ONG expresó dudas sobre la idoneidad del personal que gestiona los centros, ante lo que Rojas recordó que esos trabajadores deben tratar con unas personas que "no son felices", por lo que el Ejecutivo canario intenta hacer "todo lo posible porque los menores sepan que les queremos, que sabemos que están lejos de sus casas y de sus familias, en una situación muy dura". La consejera lamentó que "encima de todo eso, el personal canario dispuesto a trabajar con ellos se vea señalado así".
