MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El hermano de un tibetano fallecido durante la última oleada de protestas que tuvo lugar en marzo de 2008 declaró hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz --encargado de la causa-- que cuando las autoridades hicieron entrega del cuerpo a su familia descubrieron que "tenía los riñones y el hígado destrozados", informaron hoy fuentes jurídicas.
El testigo protegido, que abandonó Tíbet hace años y reside actualmente en Estados Unidos, explicó que su hermano participó en una de las manifestación de protesta contra las autoridades chinas y fue detenido en su vivienda poco después de la protesta.
Permaneció dos semanas detenido en una comisaría desde la cual fue trasladado a otra ubicación donde se le mantuvo incomunicado durante un tiempo indeterminado. Su familia, que no volvió a verle con vida, fue avisada de su muerte por las autoridades chinas y a la recogida del cuerpo comprobó que presentaba, según el testigo "claros signos de tortura".
"La piel aparecía llena de golpes y arañazos", relató el hermano que desveló que los daños principales fueron descubiertos cuando sus familiares llevaban a cabo el rito funerario tradicional de la región, consistente en el desmembramiento del cuerpo y su exposición a la intemperie para que sea devorado por las aves. "Descubrieron entonces que el intestino presentaba bolsas de aire y los riñones y el hígado estaban destrozados", explicó el testigo, identificado con las iniciales K.G.
El hermano del fallecido aclaró que desde el momento en que el cadaver fue entregado los familiares permanecieron escoltados por miembros de las fuerzas de seguridad que impidieron que recogieran imágenes del cadaver o pruebas de su estado.
ABOGADA DE EE.UU
El juez Pedraz tomó, además, declaración a la abogada norteamericana Terri Marsh, ejecutiva para Estados Unidos de la Human Rights Law Foundation, que explicó al magistrado el sistema gubernamental chino y expuso que cualquier autoridad del país, incluyendo la judicatura, "debe lealtad al partido comunista".
El magistrado inicia con estas dos declaraciones una ronda de testificales que se prolongará hasta el próximo lunes, en relación con la causa que investiga su Juzgado sobre la posible comisión de delitos de lesa humanidad contra la población tibetana por distintos miembros del Gobierno chino en marzo del pasado año.
La causa, admitida a trámite por el juez en agosto, está dirigida contra el actual ministro de Defensa chino, Lian Guanglie; el ministro de Seguridad del Estado y viceministro de Seguridad, Geng Huichang; el secretario del Partido Comunista chino en la Región Autónoma de Tíbet, Zhang Qingli; el miembro activo del 'Politburó' en Beijing, Wang Lequan; el líder de la Comisión de Asuntos Etnicos, Li Dezhu; el general Tong Guishan, comandante del Ejército de Liberación Popular de la capital del Tíbet (Lhasa); y el general Zhan Guihua, comisario político del comando militar de Chengdu.
El pasado 5 de agosto, Pedraz aceptó la competencia de la jurisdicción española para investigar los hechos al entender que podrían constituir "delitos de lesa humanidad contra la población tibetana". Según las asociaciones querellantes, las autoridades chinas causaron "al menos 203 muertos, más de 1.000 lesionados graves y 5.972 detenidos ilegales y desaparecidos".
"MATANZA SISTEMÁTICA Y GENERALIZADA"
Los querellantes aseguran que los siete altos cargos del Gobierno chino dirigieron "una matanza sistemática y generalizada" contra la población tibetana así como la realización de "lesiones graves, torturas y desapariciones forzadas" que fueron cometidas desde el 10 de marzo de 2008.
En su escrito, les imputan "la supuesta acusación intencionada de muerte o legiones graves, la desaparición forzada, la detención y privación de libertad con infracción de las normas internacionales al efecto y las torturas denunciadas", lo que convertiría al pueblo tibetano en "un grupo o colectivo perseguido" por las autoridades chinas "por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".
