MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha lamentado y condenado "enérgicamente" el ahorcamiento de tres hombres (Fukawa Hiroki, Fujima Seiha e Ikemoto Noboru) cometido hoy en Japón a pesar de la resolución aprobada el pasado 15 de noviembre por la Asamblea General de la ONU en la que se pedía la suspensión de las ejecuciones en todo el mundo.
"Este acto va en contra de la protección universal de los Derechos Humanos y se ha llevado a cabo en un momento en que hay una clara tendencia internacional a prescindir de la pena de muerte", afirmó AI en un comunicado.
El 15 de noviembre, en el 62 periodo sesiones de la Asamblea General de la ONU, su Tercera Comisión aprobó, con el voto favorable de 99 países, una resolución para la moratoria mundial de las ejecuciones. La resolución se llevará ahora al pleno de la Asamblea General para su aprobación definitiva a mediados de diciembre.
Según Amnistía, en Japón las ejecuciones se suelen cometer en secreto y sin avisar previamente a los condenados ni a sus familias, o comunicándoselo sólo unas horas antes. En estos momentos hay al menos 107 personas condenadas a muerte en el país. Este año los tribunales han confirmado la pena de muerte en 23 causas, lo que supone el número más alto desde 1962. Por ello, Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno japonés que detenga las ejecuciones y declare de inmediato su suspensión, conforme a la resolución de la ONU.
Estas ejecuciones son las primeras que tienen lugar desde que asumió su cargo el actual ministro de Justicia, Hatoyama Kunio, quien en septiembre anunció públicamente que estaba considerando la posibilidad de abolir una disposición del Código de Procedimiento Penal en virtud de la cual es necesaria la firma del ministro de Justicia para llevar a cabo una ejecución.
Actualmente son muy pocos los países que llevan cabo ejecuciones. En 2006 sólo 25 lo hicieron. De los principales países industrializados, Japón es ya el único que tiene un sistema de pena de muerte plenamente operativo: en Estados Unidos, la Corte Suprema ha bloqueado todas las ejecuciones pendientes en el país hasta que se pronuncie sobre el uso en ellas de la inyección letal.
